El abogado de la secretaría de Migraciones, Daniel Arencibia, afirma que la decisión judicial es una respuesta a incumplimientos "muy groseros" por parte del Ministerio del Interior.
La diputada regional de Ciudadanos afirma que el modelo de gestión privada de los informativos "no ha funcionado" y apunta que la opción pública "puede que sea mejor".
El secretario general de CC en Gran Canaria señala que el dinero se debió haber usado para atender las necesidades de trabajadores, empresas y autónomos.
Fernando Enseñat, portavoz regional en materia económica, asegura que muchas empresas y autónomos no están al corriente de pago con las administraciones.
Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, confía en que este instrumento de sostenimiento del empleo se renueve, al menos, hasta septiembre.