Expediente X

La investigación detecta una baja vocación femenina hacia las áreas STEM antes de llegar a la universidad y evidencia que las campañas para fomentar estas disciplinas apenas están teniendo impacto real en el alumnado.

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural avanza en la restauración de suelos degradados, aunque advierte de que persisten vertidos clandestinos y falta de concienciación ciudadana pese a las mejoras legislativas y administrativas.

La futura norma busca equilibrar protección ambiental, actividad económica y conservación de los núcleos costeros históricos, incorporando además participación ciudadana y mayor coordinación entre administraciones.

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial impulsa nuevas herramientas para combatir el reto demográfico, agilizar la concesión de licencias y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en los municipios de menor tamaño del archipiélago.

Daida Hernández advierte de que la exposición temprana a plataformas digitales afecta al desarrollo emocional, favorece la ansiedad y fomenta una dependencia basada en la aprobación externa.

El colectivo animalista alerta de la celebración de torneos en varias islas, incluso en instalaciones públicas, y reclama a las administraciones que actúen ante lo que considera un grave caso de maltrato animal.

La Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias alerta de que el desarrollo de la Ley de Bibliotecas, vigente desde 2019, está prácticamente detenido, lo que impide mejorar los servicios públicos de lectura y reduce la calidad del sistema bibliotecario del archipiélago.

La Agencia Española de Protección de Datos alerta de los riesgos visibles e invisibles de introducir fotografías de otras personas en sistemas de inteligencia artificial, una práctica cada vez más común que puede afectar a la privacidad, el honor y otros derechos fundamentales.

La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva acusa a la Consejería de vulnerar derechos fundamentales y de apartar a menores del sistema ordinario por conductas vinculadas a su diagnóstico.

El comité defiende que la gestión municipal genera beneficios directos para el municipio y advierte de que el traspaso a empresas privadas podría precarizar el empleo y encarecer el servicio.