La portavoz de la asociación en defensa de las prestaciones públicas, Carmiacu Pérez, denuncia que el modelo actual obliga a los dependientes a gestionar servicios y asumir costes que debería cubrir la Administración.
La miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y portavoz de la Asociación en Defensa de las Prestaciones Públicas Integradas, Carmiacu Pérez, alerta de que la prestación económica de asistencia personal (PEAP) del Gobierno de Canarias está desviando su objetivo inicial. «Al final estamos viendo que se está trasladando la carga a las familias o a la propia persona usuaria», afirma .
Según explica, la ayuda, concebida para fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia, se está aplicando como una prestación económica que obliga a los beneficiarios a buscar y gestionar por sí mismos los servicios necesarios.
Usuarios convertidos en gestores
Pérez critica que el sistema actual transforma a las personas dependientes en “gestores” de su propia atención. «Nos convertimos en auténticas empresas que van contratando según los servicios que necesiten», señala .
A su juicio, esta dinámica supone una privatización encubierta del sistema de dependencia, al depender de empresas externas o de la capacidad individual de cada usuario para encontrar asistencia.
Dificultades económicas y cofinanciación
La portavoz advierte de que la prestación no cubre el coste real de los servicios, lo que obliga a complementar la ayuda con recursos propios. «Ese dinero no da lo suficiente y se tiene que cofinanciar con la pensión», explica .
Esta situación afecta especialmente a personas con ingresos bajos, que pueden verse obligadas a reducir otros gastos básicos o a recurrir a soluciones precarias para poder mantenerse en sus domicilios.
Impacto en personas vulnerables
Pérez subraya que el modelo perjudica especialmente a quienes carecen de red familiar o apoyo cercano. «Nos encontramos con numerosas personas que viven solas y dependen de la Administración», indica .
En estos casos, la complejidad de los trámites y la necesidad de gestionar la ayuda pueden derivar en situaciones de aislamiento, soledad no deseada o dificultades para acceder a los servicios adecuados.
Burocracia y desajuste en la atención
Otro de los problemas señalados es la carga administrativa asociada a la prestación. Los usuarios deben justificar gastos, presentar facturas y gestionar trámites que, según Pérez, complican aún más su situación. «En vez de una ayuda, te está creando problemas añadidos», afirma .
Además, advierte de que en muchos casos los servicios recibidos no se ajustan a las necesidades reales de las personas dependientes.
Propuesta: recuperar el sistema público
Desde la asociación reclaman un cambio de enfoque que priorice la prestación directa de servicios públicos. «Hay que recuperar lo público en la dependencia», defiende .
Pérez plantea que sea la propia Administración la que contrate a los profesionales y ofrezca directamente la atención, evitando que los usuarios tengan que buscar soluciones por su cuenta.
Falta de diálogo institucional
La portavoz reconoce que no han mantenido reuniones recientes con el Gobierno de Canarias sobre este asunto, aunque espera que se produzcan contactos en el futuro para abordar la situación.
Mientras tanto, insiste en la necesidad de revisar el modelo actual para garantizar una atención adecuada a las personas dependientes.
Riesgo de precarización laboral
Por último, Pérez alerta de que este sistema también afecta a los trabajadores del sector. «Se está precarizando a las trabajadoras y trabajadores que nos cuidan», advierte .
En su opinión, la externalización de los servicios y la falta de regulación adecuada pueden deteriorar las condiciones laborales y, en consecuencia, la calidad de la atención.