El portavoz de la organización, Javier Marrero , advierte de que la decisión del Congreso deja en situación de vulnerabilidad a miles de inquilinos y favorece la subida de precios en un mercado ya tensionado.
El portavoz de la Asamblea Vecinal Derecho al Techo, Javier Marrero, advierte de las consecuencias directas que tendrá la derogación del decreto que permitía prorrogar los contratos de alquiler y limitar las subidas. «Esto va a afectar a unas 160.000 personas en Canarias, unos 66.000 hogares», señala .
Marrero explica que la medida llega en un contexto de salarios bajos y precios ya elevados, lo que puede agravar la situación de muchas familias. «Habrá personas que no puedan aguantar una subida más en los precios del alquiler», afirma.
Riesgo de más desahucios
El colectivo teme un incremento de los desalojos en los próximos meses. «Podríamos encontrarnos con que aumenten los desahucios», advierte, al desaparecer el límite a las subidas y las prórrogas extraordinarias .
Además, alerta de la existencia de «desahucios silenciosos», que se producen sin visibilidad pública y afectan a personas que terminan abandonando sus viviendas sin alternativas.
La vivienda como derecho frente al mercado
Marrero critica que la decisión del Congreso prioriza la lógica económica frente al derecho a la vivienda. «Se ha priorizado la vivienda como mercado y no como un derecho para vivir dignamente», sostiene .
A su juicio, esto supone un retroceso en las políticas de protección a los inquilinos y agrava un problema estructural que, insiste, no se limita a los impagos.
Perfil de los afectados
El portavoz describe a los principales perjudicados como trabajadores con ingresos estables, pero insuficientes para asumir el incremento de los alquileres. «Son personas que han estado pagando rigurosamente y que ahora tienen que decidir entre comer o pagar la vivienda», explica .
Este escenario, añade, puede derivar en impagos que faciliten los procesos de desahucio por parte de los propietarios.
Turistificación y presión sobre los precios
Marrero vincula la situación con el auge de la vivienda vacacional y la especulación inmobiliaria. «La turistificación y las viviendas vacacionales están desplazando a la población de sus barrios», denuncia .
En su opinión, este fenómeno empuja al alza los precios del alquiler residencial, dificultando el acceso a una vivienda digna.
Confusión jurídica y falta de información
El portavoz reconoce que existe incertidumbre entre los inquilinos sobre sus derechos tras la caída del decreto. No obstante, aclara que quienes solicitaron la prórroga antes de su derogación mantienen ese derecho. «Tienen garantizada la renovación sin subir el precio más allá del 2%», asegura .
Marrero critica la falta de información accesible para la ciudadanía y reclama la creación de oficinas públicas de asesoramiento en vivienda.
Previsión de conflictos legales
El colectivo anticipa un aumento de litigios entre propietarios e inquilinos. «Seguramente habrá conflictos legales», apunta, especialmente impulsados por grandes tenedores que buscan incrementar la rentabilidad de sus inmuebles .
A su juicio, el sistema judicial y las administraciones no están preparadas para afrontar este posible aluvión de casos.
Críticas políticas y modelo de vivienda
Marrero responsabiliza a los partidos que votaron en contra del decreto de favorecer los intereses del mercado inmobiliario. «Priorizan los beneficios económicos a costa de la población», afirma .
En este sentido, reclama un cambio profundo del modelo de vivienda que incluya la limitación de precios, el aumento del parque público y el control de las viviendas vacacionales.
Llamamiento a la organización ciudadana
Ante este escenario, el portavoz hace un llamamiento a la movilización social. «Hay que organizarse porque ahí está la fuerza», sostiene, animando a los afectados a informarse y defender sus derechos .
Además, avanza la preparación de nuevas acciones, como una posible huelga de alquileres, para visibilizar la problemática y presionar a las administraciones.