Sus declaraciones son respaldadas por la periodista María Montero, que señala que Derechos Sociales nunca se ha preocupado de la integridad de los residentes.
Un exmonitor del centro de menores migrantes de Porto Bello, que ha preferido mantener el anonimato, afirma que en las instalaciones se producían frecuentes malos tratos a las personas acogidas.
Estuvo trabajando unos cinco meses en el centro, desde diciembre de 2020 a abril del año 2021. Afirma que no era fácil trabajar a diario “viendo la miseria” por lo que tuvo que abandonar el centro de trabajo. Señala que nunca se sintió presionado, pero sí que la situación le producía “estrés y depresión” porque no se aplicaban protocolos, ni se ponían denuncias ni existía proyecto educativo.
“Pasaban hambre”
Asegura que en ese centro no se invierte todo el dinero que es necesario, como, a su juicio, lo demuestran los videos que están circulando: “No se han preocupado en ningún momento por los menores”.
Afirma que la responsable del centro durante un tiempo, Ángeles Barroso, se incorporó el mismo día que él, pero abandonó las instalaciones poco después, en enero de 2021. Señala que su trato no facilitaba el bienestar de los menores y asegura que pasaban hambre. A este respecto, apunta que la comida no se adaptaba a su cultura y que además, en algunos casos, venía en mal estado. En cualquier caso, señala, los menús nunca fueron aprobados por un nutricionista.
Cúmulo de irregularidades
Por su parte, la periodista María Montero indica que uno de los monitores del centro ha hecho una declaración voluntaria ante la fiscalía en la que denuncia la comisión de delitos y “el resto de monitores están deseando que la fiscalía les llame”. Señala la existencia de videos en que se han grabado abusos sexuales, incluso algunos a uno de los menores que huyó del centro y se encuentra en paradero desconocido. Asimismo, apunta el caso de una mejor recluida en un centro con ciento setenta varones y que no podía salir de su habitación.
Afirma, además, que en el centro se incumplían de forma sistemática las normas para evitar los contagios de la covid-19 así como de otras enfermedades. Incluso se administraron antidepresivos a los menores por personas que no tenían formación médica. Comenta la libre circulación de drogas y estupefacientes entre los menores.
Denuncia que la Fundación siglo XXI, encargada del funcionamiento del centro, está haciendo “lo imposible” para que no haya pruebas de lo sucedido e, incluso, está obligando a los monitores a firmar un documento negando los hechos.
