La fiscal jefa de la provincia de Las Palmas afirma que la colaboración del Gobierno de Canarias ha sido "total y absoluta" en el caso de los menores de Puerto Rico.
La fiscal jefa de la provincia de Las Palmas, Beatriz Sánchez, afirma que cuando un organismo público conoce de un delito ha de llevarlo a la fiscalía o a la autoridad judicial correspondiente antes de abrir una investigación interna. Así lo considera respecto del caso de las denuncias sobre posibles delitos en el centro de menores Portobello de Mogán: “Las denuncias se interponen donde se interponen”.
La fiscal recuerda que los menores de ese centro son responsabilidad de la Dirección General de Protección del Menor dependiente de la Consejería de Derechos Sociales pero, antes de determinar si existen responsabilidades, es preciso esclarecer si se han producido las situaciones denunciadas, “porque por el momento tenemos denuncias anónimas”. Señala que “se llegará hasta donde sea necesario”, incluido si, llegado el caso, ha habido una dejación de responsabilidades de los que tienen a su cargo a los menores.
Orden temporal de las denuncias
Sánchez señala que le consta que un correo anónimo con las denuncias llegó a la Dirección General de Protección del Menor el 31 de mayo. La fiscalía tuvo la primera comunicación de ese organismo el 14 de junio, cuando le entregó “una especie de resumen” de los hechos. La primera denuncia llegó a la fiscalía el 15 de junio de la mano de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno. No obstante, la fiscal señala que conoció los hechos el lunes 14 en un periódico y fue cuando la decana de menores se puso en contacto con la Dirección General de Protección del Menor. Sánchez insiste en que no pretende crear “una pelea entre instituciones”, pues la colaboración con la Dirección General del Menor ha sido “completa”, “total y absoluta”.
Menores trasladados
Sobre los cincuenta menores desplazados de ese centro, y que pueden ser testigos de los supuestos hechos, la fiscal afirma que no supone ningún problema porque es obligación de la Dirección General de Protección del Menor informar a la fiscalía de a dónde se han trasladado “y la práctica habitual es notificarlo a la fiscalía”.
