La vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Mila Pacheco Pérez, celebra la implantación del denominado modelo canario de incentivos a los acuerdos extrajudiciales.
La vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Mila Pacheco Pérez, celebra la implantación del denominado modelo canario de incentivos a los acuerdos extrajudiciales, presentado recientemente junto al Gobierno autonómico. La medida se enmarca en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025 y supone un cambio sustancial en la forma en que la ciudadanía accede a la justicia, ya que impone, como requisito previo a acudir a los tribunales, el intento de resolver los conflictos por medios alternativos como la negociación, la mediación o la conciliación.
«Hasta ahora, acudíamos directamente al juzgado», afirma Pacheco, «pero con la nueva ley, la justicia debe empezar en el diálogo». Este sistema, conocido como MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), se aplica en la jurisdicción civil y mercantil y busca reducir la alta litigiosidad que arrastra Canarias desde hace años, con tasas de más de 250 litigios por cada mil habitantes.
Incentivos económicos y reconocimiento profesional
El modelo canario se distingue por establecer la mayor compensación del país a los abogados del turno de oficio que logren un acuerdo antes de que se inicie el procedimiento judicial: 418 euros por caso resuelto extrajudicialmente. «Es muy sencillo de entender: si resuelves antes, cobras más y el sistema gana en agilidad», resume Pacheco, que además preside la Comisión Extraestatutaria de Medios Adecuados para la Resolución de Litigios y Conflictos.
El incentivo no es solo económico: también dignifica una labor que muchas veces pasaba desapercibida. «Se reconoce, por fin, el valor del abogado que no litiga por sistema, sino que busca el bien de su cliente y la paz social», añade.
¿Qué conflictos pueden resolverse fuera de los juzgados?
Aunque la ley establece la obligatoriedad de acudir a los MASC en numerosos casos, desde el Consejo insisten en que su uso puede y debe extenderse a muchas situaciones cotidianas: herencias, conflictos entre vecinos, desacuerdos entre empresas, impagos o arrendamientos. «La mediación funciona especialmente bien en asuntos familiares y vecinales, donde las personas deben seguir conviviendo después del conflicto», explica Pacheco.
La experiencia en proyectos como el del juzgado de Granadilla, uno de los más colapsados del archipiélago, lo demuestra. «Allí, mediante mediación, hemos logrado acuerdos en un altísimo porcentaje de los casos».
Falta de información y adaptación profesional
A pesar de los avances, Pacheco admite que «falta mucho por hacer» en cuanto a información ciudadana y formación profesional. «Muchas personas no saben que existen estas vías ni que pueden ser gratuitas si tienen justicia gratuita, y hay profesionales que aún no están familiarizados con el abanico de herramientas disponibles». Por eso, el Consejo está impulsando formaciones internas y acuerdos con las instituciones.
«El cambio cultural será progresivo», anticipa. «Pero si conseguimos que los ciudadanos entiendan que no todo se resuelve con una sentencia, estaremos mucho más cerca de una justicia verdaderamente humana».
Un modelo pionero con vocación de permanencia
Canarias se sitúa así a la vanguardia de la modernización judicial en España. Solo Madrid y, en parte, Andalucía tienen medidas similares, pero ninguna con el grado de compensación económica canaria. El objetivo final, recuerda Pacheco, «es construir una justicia más cercana, eficiente y satisfactoria para todos».
La abogacía, afirma, tiene ahora un papel protagonista en esa transformación: «Somos mediadores, negociadores, constructores de soluciones. Y eso merece ser reconocido como parte esencial del servicio público de justicia».