Celebra que el Supremo ratifique la condena al exconcejal José Juan Herrera Martel, pero denuncia el silencio político y social tras seis años de batalla judicial.
Yaiza Sotorrío afirma que la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la condena al exconcejal José Juan Herrera Martel por acoso sexual le permite quitarse «un pequeño peso de encima», aunque recuerda que el proceso ha sido largo y que aún queda pendiente la vía contenciosa vinculada a su despido. «Esto no ha terminado», señala, al subrayar que el acoso se produce dentro de un ámbito laboral y por parte de quien era su jefe.
Sotorrío sostiene que su caso refleja la persistencia del poder y del machismo en las instituciones. «Las mujeres en política todavía cuesta hacernos respetar, darnos nuestro lugar, porque siempre hay un tipo machirulo que se cree con potestad sobre una», afirma. Asegura que el caso Nevenka es para ella un referente, porque abre una puerta a la denuncia, pero advierte de que todavía pesa el silencio sobre quienes se enfrentan a este tipo de situaciones.
La denunciante lamenta que, seis años después y tras la resolución judicial, nadie de quienes compartieron responsabilidades políticas con ella le haya pedido perdón. «Todavía nadie pide perdón», afirma. También cuestiona que incluso quienes en su momento la respaldan desde la oposición no se pronuncien ahora para celebrar que se haya hecho justicia. A su juicio, eso demuestra que muchas posiciones respondían más al interés político que a una defensa real de la víctima.
Silencio institucional
Sotorrío afirma que el mensaje que se traslada a la sociedad es peligroso, porque una mujer que denuncia se expone durante años, invierte dinero, energía y tiempo, y aun así puede encontrarse con el aislamiento. «La dignidad tiene un precio», señala, antes de advertir de que muchas mujeres que sufren acoso laboral siguen teniendo miedo a denunciar. «Hay mujeres que se han acercado a mí, pero tienen miedo», asegura.
La afectada sostiene que el Ayuntamiento no la protege y que ahora queda por resolver el contencioso por su despido, justificado en su momento por «pérdida de confianza». Sotorrío rechaza ese argumento y afirma que, además del acoso, notifica al alcalde presuntas anomalías en contratos menores. «¿Qué tenía que haber hecho? ¿Callarme? ¿No informar?>>, se pregunta.
Sotorrío reclama también responsabilidades si las instituciones tienen que afrontar una indemnización por los daños sufridos. Considera «ilógico» que una compensación salga del bolsillo de todos los ciudadanos, incluido el suyo, cuando, según sostiene, se trata de un daño provocado por decisiones conscientes. «Si hay una indemnización, solicitaré que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas y que paguen los responsables», afirma.