Durante la semana del 3 al 7 de septiembre, como prólogo al comienzo de la vigésima primera temporada de El Espejo Canario, recuperamos los asuntos de mayor trascendencia de la pasada temporada.
El caso de la sargenta de la Guardia Civil de Lanzarote, Gloria Moreno, ha sido uno de los más comentado en los últimos meses, a raíz de varias resoluciones judiciales que se han dictado. En dos ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con la abogada de la agente, María Jesús Díaz Veiga, que nos ha insistido en la idea de que su defendida es objeto de una persecución por parte de sus superiores.
El pasado 1 de agosto nos hicimos eco de la decisión de un tribunal militar de anular una de las sanciones impuestas a la sargenta porque se vulneraron sus derechos al no permitirle, siquiera, defenderse. Tampoco encontró el tribunal bajo qué norma se le aplicó la sanción. Díaz Veiga recuerda que a Moreno se le han incoado cinco expedientes y actualmente quedan vivos dos, en uno de los cuales ya hay una sanción recurrida. No descarta que haya un componente de género en el caso, porque una mujer "que se atreve a hacer su trabajo" puede dar la falsa apariencia de que "va a ser más fácil someterla".
A raíz de la decisión de la Fiscalía del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife de Lanzarote de solicitar para Gloria Moreno una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo y cargo público por un presunto delito de falsedad en documento oficial, volvimos a ponernos en contacto con la letrada: "Interpreto esto en la escalada de acoso", nos dijo recordando que este proceso nació de la denuncia de un compañero de la sargento porque ésta puso en conocimiento de sus superiores un chivatazo que presuntamente este agente había hecho a cazadores furtivos de pardelas en Alegranza. Se trata, nos dijo la abogada, de una estrategia "bastante bien pensada".
Ejecución de la sentencia de Las Teresitas
La sentencia del denominado 'caso de Las Teresitas', dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de abril de 2017, condenó a la empresa Inversiones Las Teresitas, S.L. al pago de 52,5 millones de euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a la que se le suma idéntica cantidad en concepto de pago solidario con otros acusados. Asegurar el pago de ese dinero ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo rechace el recurso es una de las preocupaciones del portavoz del PSOE en el Consistorio, José Ángel Martín, con el que hablamos el pasado 20 de agosto.
Martín señala que el dinero es "una buena noticia para las arcas municipales" por la la situación financiera que sufren los ayuntamientos. Sin embargo, observa que "año tras años" se viene observando que Inversiones Las Teresitas "va perdiendo solvencia, lo que complica que se puedan obtener bienes para cubrir esos cien millones". El PSOE lo ve con "mucha preocupación", porque cree que la empresa "se está despatrimonializando ante la eventualidad de que tengan que responder a la sentencia". Martín denuncia la "negligente pasividad" del grupo de gobierno, al que exige utilizar "todos los mecanismos que nos permitan asegurar el dinero para cuando la sentencia sea firme". El PSOE entiende que el Tribunal Supremo "no tiene margen para modificar esta sentencia".
Por su parte, Juan José Martínez, concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento, afirmó el pasado 21 de agosto que han seguido otra estrategia que asegura el dinero sin asumir riesgos. Para Martínez "se puede solicitar la ejecución", pero la cuestión es si eso aporta algún beneficio para el Ayuntamiento "o comporta asumir riesgos". Recuerda que es una sentencia recurrida, "y si se anulara, no solo tendríamos que devolver la cantidad de dinero, sino también los intereses". Señala que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han recomendado la estrategia de pedir a la justicia identificar y bloquear los activos de Inversiones Las Teresitas "hasta que hubiera sentencia firme, para evitar alzamientos de bienes", una actuación que ya han llevado a cabo.
¿Hacienda somos todos?
El patrimonio del rey emérito Juan Carlos I es uno de los secretos mejor guardados, aunque es posible que se haya abierto un resquicio para que la Agencia Tributaria pueda sondear en sus cuentas y detectar posibles irregularidades en la liquidación de impuestos. Al menos así lo cree José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), con el que hablamos el pasado 17 de julio.
Mollinedo estima que de ser ciertas las revelaciones hechas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein "hay motivos suficientes para abrir una investigación tributaria", pues si se hubiese tratado de otro contribuyente, "con absoluta seguridad", la Agencia Tributaria habría iniciado ya el procedimiento. A juicio del técnico, el objeto de las irregularidades que se deducen de las noticias publicadas afecta a "bienes imprescriptibles" porque no se han incorporado a la declaración sobre bienes en el extranjero que debía haber hecho el rey emérito. Mollinedo recuerda que, desde su abdicación en junio de 2014, Juan Carlos I puede ser enjuiciado en el Tribunal Supremo. El técnico de Hacienda señala que no se necesita ningún acuerdo político previo para investigar al rey emérito, pues basta una simple decisión del Gobierno.
Un gran aparcamiento de Las Teresitas
Recuperamos la entrevista que realizamos a Carlos Tarife, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 23 de agosto en la que afirma que el gran aparcamiento que se ha propuesto ubicar en la zona del mamotreto servirá como intercambiador para la futura línea de tranvía que unirá los barrios costeros.
Tarife afirma que el Plan Especial de Las Teresitas contempla un paseo, kioscos definitivos y un aparcamiento "decente", elementos que constituyen "una playa del siglo XXI acorde a lo que demandan los ciudadanos". Señala que lo ideal es contar con un gran aparcamiento en el punto inicial de la playa que serviría, además, de conexión para la futura línea de tranvía que unirá los barrios costeros de la capital. Señala que le dió mucha tristeza tener que demoler el conocido como 'mamotreto', "porque era un edificio que se podía aprovechar, pero había que cumplir la sentencia".
Además, el concejal nos comenta las novedades sobre el nuevo Plan General, que afronta retos "muy importantes", como la ampliación de la ciudad en los terrenos de Cepsa. Señala que en su mandato se ha propuesto como directriz que "el urbanismo no sea un problema para los ciudadanos", sino una solución para sus problemas.
¿Maltratador y buen padre?
El pasado 17 de agosto hablamos con la magistrada experta en violencia de género Auxiliadora Díaz que afirmó su apoyo el decreto de medidas urgentes que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y lamentó las "reticencias" al respecto de los "micromachismos". Indicó que son incompatibles la condición de agresor y buen padre.
El decreto ley de medidas urgentes para desarrollar el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado recientemente por el consejo de ministros otorga a los distintos servicios sociales la capacidad de conceder el estatus de víctima de violencia de género a las mujeres que sufran malos tratos, una decisión que considera "fabulosa" en cuanto supone desligar las medidas más urgentes del área judicial, "el problema es cómo vamos a implementarla". Señala que las "reticencias" ante este decreto son "inaceptables" si vienen de la creencia de que las mujeres van a acudir a servicios sociales para obtener ventajas: "Esa no es la realidad que vemos a diario en los juzgados".
Considera que para "gozar de una buena democracia", los poderes públicos han de ser independientes, pero entiende que algunas resoluciones judiciales "puedan herir a la sociedad y es legítimo que salgan a quejarse". Personalmente, no le gustan las resoluciones como la de La Manada, pero considera que hay que acatarlas y esperar las resoluciones de los órganos superiores.
Juristas y buenos informáticos
El pasado 14 de marzo tuvimos ocasión de entrevistar a otro magistrado, en esta ocasión Javier Ercilla, que nos habló de las nuevas tecnologías y cómo estas influyen sobre la administración de justicia. El magistrado del Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria es experto en Derecho y nuevas tecnologías, una especialidad particularmente difícil porque "la sociedad evoluciona más rápidamente que el Derecho". Señala que los delitos más frecuentes que tienen que ver con las nuevas tecnologías se refieren a la suplantación de la identidad y al phishing. Para el juez, la mejor defensa es "desconfiar", pues las corporaciones no suelen pedir claves u otros datos sensibles a los clientes sin grandes medidas de protección.
Ercilla confiesa tener algo de dinero invertido en los bitcoins, una moneda "completamente legal" por lo que hay que declarar a Hacienda las transacciones que con ella se hagan. Esta moneda, junto a otras modalidades de dinero criptográfico, está dando lugar a lo que se llaman los "contratos inteligentes" que, en realidad, "ni son contratos ni son inteligentes". Se trata de programas informáticos que se vinculan a esa moneda y que ejecutan una serie de condiciones buscando en las redes las distintas regulaciones de la materia sobre la que se está contratando. Por este procedimiento, el contrato "no se puede alterar y se puede estar seguro de que se va a ejecutar". Por este motivo, Ercilla entiende que "los futuros juristas serán buenos programadores".
Listas de espera sanitarias
La sanidad en Canarias es un asunto que no puede dejar de estar encima de la mesa, tanto por lo que supone para el bienestar de los canarios como por el hecho de que, con alguna frecuencia, se convierte en arma arrojadiza en la contienda política. El pasado 1 de agosto hablamos con el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que recuerda que las cifras de las listas de espera sanitaria las confeccionan funcionarios que llevan más de una década en la Consejería. Señala que ni él ni el consejero de Sanidad tienen acceso a los procedimientos de elaboración de las listas y, sin descartar que puedan existir errores, no se imagina a un médico "borrando a una persona de la lista para presentar unos datos". Señala que el Parlamento canario aprobó una proposición no de ley para la realización de una auditoría externa de las listas de espera: "Para nosotros es una oportunidad". Indica que las cifras de reducción de las listas de espera son "buenas" pero "nos gustaría que hubiesen sido mejores".
Aprovechando el asunto, recuperamos el especial que con motivo de la situación de la sanidad canaria realizamos el pasado 18 de enero y en la que participaron Carmen Nuez, presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas; Carlos Sánchez, vicepresidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife; Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea Siete Islas; Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública; y Elizabeth Hernández, directora general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias.