El informe «(Sobre)expuestos online» advierte de que la exposición reiterada a contenidos violentos en redes normaliza el acoso, el control y la violencia sexual entre los jóvenes.
El director de Incidencia y Comunicación de Plan International, David del Campo, alerta de que la violencia se está convirtiendo en una forma de entretenimiento para adolescentes y jóvenes debido a la exposición reiterada a estos contenidos en las redes sociales. El estudio analiza el conocimiento, la aceptación y las experiencias de violencia digital de una generación para la que buena parte de su vida comienza y se desarrolla ante una pantalla. «La violencia entretiene y distrae», afirma Del Campo, quien advierte de que aquello que inicialmente se consume como una distracción termina por percibirse como algo habitual: «Lo que empieza como una distracción, cuando se ve muchas veces, se convierte, se normaliza». El informe aborda contenidos relacionados con peleas, agresiones, acoso, violencia sexual y violaciones, además de las imágenes violentas que pueden generarse mediante inteligencia artificial cuando no existen grabaciones reales.
Del Campo sostiene que los adolescentes saben distinguir entre contenidos apropiados e inapropiados, pero carecen de capacidad para controlar aquello que les muestran los algoritmos. «Ellos mismos no controlan los algoritmos», señala antes de explicar que determinados contenidos violentos les llegan de forma recurrente porque generan tráfico, clics e interacción en las plataformas. El estudio constata, según indica, que los jóvenes pueden llegar a ver más contenidos violentos que repeticiones de los goles del Mundial, una comparación que, a su juicio, hace saltar las alarmas. El responsable de Plan International reclama que las compañías tecnológicas retiren con rapidez los contenidos cuya naturaleza violenta haya sido verificada y recuerda que «el 90% de los adolescentes usa a diario todos los días redes sociales y usa inteligencia artificial». «¿Quién controla el algoritmo?», pregunta Del Campo, que considera insuficiente limitar el debate a verificar que los usuarios tienen más de 16 años.
Salud mental, educación y responsabilidad
El informe también pone el foco en las consecuencias que el uso excesivo o inadecuado de las redes sociales puede tener sobre la salud mental, la autoestima, el bienestar emocional y las relaciones personales. «Hay un tsunami oculto que se va constatando con datos», afirma Del Campo, quien reclama al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que determinen si las consecuencias de los entornos digitales constituyen un problema de salud pública. El representante de Plan International considera que las administraciones están tardando demasiado en afrontar una realidad sobre la que ya existen datos de los servicios autonómicos de salud y de atención primaria. También pide un acuerdo político que permita sacar adelante la legislación sobre protección de los menores en los entornos digitales y sobre los contenidos generados mediante inteligencia artificial.
Del Campo identifica a las familias y los centros educativos como los dos espacios esenciales para proporcionar a los menores herramientas que les permitan desenvolverse de manera segura en Internet. Considera que prohibir el teléfono móvil en las aulas puede ser útil durante el horario escolar, pero no prepara a los jóvenes para lo que encuentran cuando salen del centro. «Hay que enseñarles y educarles a saber ser en ese espacio», sostiene. Por ello, reclama que se cumpla la obligación de incorporar la educación emocional y la inteligencia emocional en los centros y que se enseñe a los menores a denunciar las amenazas y el acoso digital. El director de Incidencia y Comunicación de Plan International señala que las chicas son las principales víctimas y apunta al anonimato como uno de los grandes problemas de las redes, por lo que defiende mecanismos que permitan verificar no solo la edad, sino también la identidad de quienes manejan los perfiles. «La prohibición no resuelve los problemas», concluye: las normas son necesarias, pero deben acompañarse de educación, responsabilidad de las plataformas y canales accesibles de denuncia.