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El comité defiende que la gestión municipal genera beneficios directos para el municipio y advierte de que el traspaso a empresas privadas podría precarizar el empleo y encarecer el servicio.

Comprar suelo y promover la propia casa permite ajustar costes y diseño, pero exige asesoramiento técnico y afrontar licencias que pueden tardar más de un año. El Colegio de Arquitectos pide agilizar trámites.

Más de 700.000 personas siguen atrapadas en la precariedad pese al crecimiento turístico y económico. La vivienda, los bajos salarios y la falta de empleo digno cronifican un problema que ya es estructural en el archipiélago.

CCOO denuncia falta de medidas contra el acoso, hacinamiento en módulos de mujeres y un 90% de vacantes médicas en cárceles canarias, con un profesional para unos mil internos.

Carlos Campiña pide mayor visibilidad y financiación para un movimiento «silencioso» que sostiene servicios sociales, ambientales y comunitarios en todo el Archipiélago.