La teniente de alcalde de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso, afirma que lo que no pueden es «esperar dos años por un reconocimiento de dependencia mientras una familia necesita atención ya».
El Ayuntamiento de Mogán ha solicitado al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria la ampliación del convenio de cooperación para poder ofrecer un Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) a menores en situación de dependencia. El municipio estima que existen 123 posibles beneficiarios y beneficiarias, de los cuales 32 tienen ya reconocida su situación de dependencia, según datos del Área de Mayor y Discapacidad, así como del Centro para la Autonomía Personal de Mogán.
La teniente de alcalde de Acción Social y Sociocomunitaria, Tania Alonso, afirma que llevan años solicitando la inclusión de este servicio en el convenio: «Nosotros llevamos mucho tiempo reclamándole al Cabildo con distintas reuniones la necesidad de que el SPAP también llegue a los menores». Aunque Mogán es pionero en ofrecer este tipo de atención a personas adultas, Alonso señala que el actual convenio no contempla de forma efectiva la prestación para menores.
Un servicio que ya ha comenzado con recursos propios
Ante la falta de respuesta institucional, el Ayuntamiento ha decidido actuar por su cuenta. «Nosotros decidimos invertir dinero, tenemos en este caso una licitación que ha costado 50.000 euros para precisamente poder atender a los menores que tenemos en el municipio», explica Alonso. Aunque el convenio prevé este tipo de servicios, actualmente las familias solo reciben como alternativa la prestación para el cuidado en el entorno familiar.
La edil detalla que el servicio se centra en atención temprana, estimulación cognitiva, terapia ocupacional y fisioterapia: «Trabajamos la promoción de la autonomía desde que se detecta alguna necesidad, ya sea en pediatría o en la escuela. Les damos apoyo con los profesionales necesarios: terapeutas, trabajadores sociales y fisioterapeutas».
El Ayuntamiento quiere colaboración, no sustitución
Alonso insiste en que Mogán no puede asumir en solitario responsabilidades que corresponden a otras administraciones: «Necesitamos la financiación que les corresponde para prestar ese servicio que por derecho tienen». Y añade: «Lo que reclamamos es que oiga, les corresponde, se los reconoce la ley de dependencia, por lo tanto hay que prestarles un servicio que empezará en Mogán pero que esperamos que de alguna manera se sumen el resto de municipios».
La solicitud del Ayuntamiento ha sido recibida por el IASS, que ya ha trasladado al Gobierno de Canarias la petición de ampliar el convenio en 7.680 horas anuales para cubrir las necesidades del SPAP de menores. Sin embargo, hasta que no se firme el nuevo acuerdo, no se podrá hacer efectiva esa cobertura.
Revisión de la ayuda a domicilio y del copago en el centro de autonomía
Además de esta ampliación, el Ayuntamiento también ha reclamado una revisión urgente de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, actualmente en 9 euros por hora de atención doméstica y 14 euros por atención personal, unas tarifas que, según Alonso, no cubren el coste real del servicio: «Este año dicen que lo van a subir a 22 euros, y esperamos que sea efectivo, porque mientras tanto, tenemos que aportar dinero municipal».
Por último, Mogán ha solicitado el reintegro con efecto retroactivo desde 2018 del 20% deducido a las personas usuarias del Centro para la Autonomía Personal, ya que el convenio actual no contempla la situación de copago. El IASS se ha comprometido a estudiar también esta solicitud.
Urgencia para acortar los plazos del reconocimiento de dependencia
Uno de los principales problemas que denuncia Tania Alonso es la lentitud de los procesos de dependencia: «Lo que no se puede hacer es esperar dos o tres años para atender a una persona que necesita ayuda ya». Por eso, espera que el nuevo decreto recientemente aprobado por el Gobierno de Canarias logre acortar los plazos: «Nos han dicho que con una sola visita saldrán con la resolución. Si eso funciona, en cuestión de tres o cuatro meses se podría tener el reconocimiento».
Esta agilización permitiría a los ayuntamientos actuar con mayor eficacia y exigir la financiación correspondiente para prestar los servicios que marca la ley. Mientras tanto, Mogán seguirá al frente del esfuerzo institucional, aun cuando los recursos y competencias no siempre acompañen. «Esto es cuestión de prioridades», concluye Alonso.