El concejal del Ayuntamiento de SCT sospecha que en el cambio de ubicación del Palacio de Justicia hay interés por favorecer a propietarios de suelo privado
La Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos advirtió en un comunicado el pasado viernes de que «si la Administración impone “por encima de todo” su criterio respecto a situar el Palacio de Justicia en El Sobradillo, esta decisión sería revisable ante los tribunales “a la luz del concepto de interés público”», a lo que el consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, respondió, también mediante comunicado, que «por interés público, el Palacio de la Justicia tendrá que hacerse sí o sí en El Sobradillo».
Al respecto, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha manifestado en El Espejo Canario que su grupo “ve demasiada indefinición por parte de unos y otros”, así como “demasiadas salida a prensa con afirmaciones que, con el tiempo, se han demostrado que no eran del todo veraces”. Martín aludió, en el caso del consejero de Presidencia, a “la primera justificación de que no había parcela suficiente en Cabo LLanos” para llevarse a cabo la ampliación de la Ciudad de la Justicia, “cosa que a los diez días se desmintió”. Posteriormente, esgrimió “problemas técnicos”, dijo, “y tampoco es cierto”.
Para el concejal, “el debate está totalmente pervertido”, ya que no se quieren desvelar “las verdaderas razones” por las que se ha establecido la disputa institucional entre un ubicación y otra, obviándose “qué es mejor para el administrado, que es el que hace uso diario” de los servicios judiciales, a pesar de que Cabo Llanos “lleva más de 20 años preparándose para ser la sede de las administraciones autonómicas y estatales más importantes”, que incluye la facilidad de transporte y acceso “gracias al intercambiador y las estaciones del tranvía y guaguas”. “Nos sentimos defraudados y engañados en todas las partes del proceso”, afirmó.
Este proceso, “que se inició a principios del año 2000”, recordó Martín, contaba desde 2005 con el beneplácito del Gobierno de Canarias, “siendo Ruano [José Miguel] consejero”, y el consenso unánime para considerar Cabo Llanos como la ubicación idónea. “Si esto ha sido así” en los últimos diez años, el concejal reclama “que se justifique muy bien por qué ahora tiene que ser en El Sobradillo”, aunque, a priori, “no vemos ninguna razón” para que el proyecto se traslade a dicha zona, subrayó.
Al argumento del Gobierno de que el traslado puede suponer «una reactivación para El Sobradillo», Martín admite que puede ser así porque “tiene problemas más serios que la construcción de la Ciudad de la Justicia”, pero no le parece motivo “suficiente, máxime cuando hay alternativa” como la que ha propuesto el grupo socialista, que consiste en trasladar a El Sobradillo las consejerías de Educación y de Hacienda, actualmente en edificios en Cabo Llanos en régimen de alquiler, para contribuir a su revulsivo económico. Para continuar con el Palacio de Justicia en Cabo Llanos, “tanto el Gobierno, como el Cabildo y el Ayuntamiento tienen suelo público suficiente”, aseveró; “lo que no hay es suelo privado”, a diferencia de en El Sobradillo.
El grupo socialista municipal ha solicitado al Registro de la Propiedad “una nota simple” para conocer "cómo está la estructura de la propiedad en el distrito suroeste", siguiendo “la interesante” demanda de la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos para conocer “quién se ve beneficiado” por disponer de titularidad en terrenos colindantes al Palacio de Justicia. “Si coincide con los nombres de empresarios que se han barajado estos días en los medios de comunicación”, el portavoz socialista asegura que “estaríamos hablando de otra cosa y la consejería tendría que dar muchas más explicaciones”.