El informe Foessa constata el aumento de la exclusión severa en Canarias

Voluntaria de Cáritas

Voluntaria de Cáritas

Caya Suárez, secretaria general de Cáritas en las islas, señala que algo más de 630.000 personas están en una situación de “desventaja importante".

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Canarias, que se presentó la pasada semana, indica que la exclusión social se ha ensanchado en las islas, implicando que el 29,1% de los habitantes de la comunidad autónoma, algo más de 630.000 personas, se encuentran en una situación de “desventaja importante”. Tal es así que Caya Suárez, secretaria general de Cáritas en las islas, llega a afirmar que ha habido personas “que han llegado a pasar hambre”.

Según se expone en el documento, entre las situaciones más graves está el aumento del grupo de los más frágiles, lo que supone el crecimiento de un 15% de las situaciones de exclusión severa, alcanzando a más de 300.000 personas; es decir, que las personas en situaciones más críticas ya representan casi la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social.

Cifras superiores a la media del Estado

Aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con España, las tasas de pobreza siguen siendo en el Archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del estado y afectan, en su versión más severa, a cerca de 425 mil canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España). 

Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia han traído consigo una digitalización que se está revelando como un nuevo factor de exclusión: la brecha digital, que afecta al 30% de los hogares canarios y, en mayor medida, a los hogares en exclusión severa, pues un 44% de estos hogares no tienen acceso al mundo digital.

Incremento de la feminización de la exclusión

Según los datos recogidos en el informe, esta crisis está “feminizando” aún más el espacio de la exclusión, pues en 2021 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente y como resultado, el 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer se encuentra en situación de exclusión frente al 22% donde la figura sustentadora es un hombre.

La segunda brecha hace referencia al origen. Los datos concluyen que ser extranjero en el Archipiélago Canario supone una enorme desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero (47%) se encuentra en situación de exclusión; esto significa casi el doble de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de exclusión en esta “sociedad fracturada”.

La juventud como causa de exclusión

Estos son perfiles que la Fundación FOESSA lleva tiempo dibujando como colectivos desfavorecidos, pero en esta ocasión hay que sumar uno novedoso: ser joven, pues uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años están afectados por procesos de exclusión social (33%), lo que les impide dibujar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta.

Otro colectivo que acumula mayores factores de vulnerabilidad es el de las familias con hijos. La tasa de exclusión entre los hogares con niños, niñas o adolescentes es del 35% frente al 17% cuando sólo hay adultos. Por tanto, tener hijos o hijas está penalizado y las necesidades derivadas de la crianza lastran a las familias y a sus condiciones de vida. 

Pero es la salud mental una de las grandes revelaciones de esta crisis pues sufrir algún trastorno o enfermedad de salud mental, se ha multiplicado por cuatro y ahora alcanza al 19% de la población canaria (más de 400.000 personas).

Según Cáritas, aunque todavía existe un amplio margen de mejora frente a esta situación, es necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas básicas que sugiere Cáritas regional del Archipiélago canario: reimpulsar el modelo de políticas públicas sociales en su conjunto; mejorar los canales de acceso y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital; poner en marcha políticas integrales y transversales frente a la exclusión residencial; y disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital.