Su presidenta, Natalia Álvarez, subraya la necesidad de diálogo y consenso ante una propuesta legal que divide a la comunidad educativa
La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Natalia Álvarez, anuncia que en el mes de septiembre el órgano que representa celebrará un debate interno para consensuar una posición sobre la controvertida propuesta de ley que pretende reforzar la autoridad pública del profesorado. El texto, respaldado por el Gobierno autonómico a partir de una iniciativa parlamentaria, ha generado un amplio debate en la comunidad educativa canaria.
«Escuchar a todas las partes es una condición básica para alcanzar acuerdos», afirma Álvarez, quien insiste en que el Consejo Escolar no emitirá una opinión sin antes propiciar una discusión plural y documentada entre sus miembros. Hasta ahora, lo que ha hecho el Consejo es recoger las inquietudes de los sectores implicados y mantener contactos con los grupos parlamentarios para entender en profundidad el alcance de la norma.
Debate político con impacto social
La presidenta reconoce que la ley llega en un momento en que se perciben tensiones sociales que también se reflejan en las aulas. Sin embargo, llama a no sobredimensionar el problema ni a caer en respuestas simplistas. «Tensiones existen, pero debemos apoyarnos en datos y no en percepciones generalizadas», explica.
En ese sentido, cita evaluaciones realizadas por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, que han servido como base para el reciente informe sobre participación de las familias en la comunidad educativa. «Los equipos directivos no identifican la relación con las familias como un foco grave de conflicto. Lo que reclaman es apoyo y recursos para afrontar la disrupción dentro del aula», puntualiza.
El papel de la autoridad y el riesgo de la simplificación
Preguntada por la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado, Álvarez muestra cautela: «El decreto de convivencia de 2011 ya reconoce esa autoridad pública. Lo que se debería aclarar es qué significa exactamente eso en la vida diaria de un centro educativo». Insiste en que los problemas de convivencia no se resuelven solo con normas, sino con medidas que fortalezcan la red de apoyo a los docentes.
Para Álvarez, abordar esta cuestión exige reconocer que «cada colegio es un mundo» y que las realidades sociales varían enormemente entre entornos rurales, urbanos y zonas con alta presión demográfica. «No se puede aplicar la misma solución para contextos tan dispares como un centro en el sur de Tenerife y otro en una isla menor como El Hierro», advierte.
Cultura de participación y escucha activa
Desde el Consejo Escolar, el enfoque ha sido siempre el de fomentar una cultura de diálogo, algo que Álvarez considera fundamental en el actual momento político y social. «La sociedad necesita más debate argumentado y menos confrontación», sostiene. Y añade que lo deseable sería que el Parlamento, antes de legislar, escuche a quienes viven día a día la realidad educativa en las aulas.
El informe que acaba de publicar el Consejo, centrado en la participación de las familias en la comunidad educativa, apunta precisamente a la importancia de construir un tejido de colaboración que sostenga la convivencia y la mejora del sistema.
A la espera de que en septiembre se defina una posición institucional clara, la presidenta reitera el compromiso del Consejo con la neutralidad activa y el respeto a todas las voces del sistema educativo: «Nuestro trabajo consiste en ofrecer un espacio de encuentro donde sea posible construir acuerdos y avanzar en soluciones reales y sostenibles».