La vocal Mila Pacheco alerta de que las personas que llegan en pateras a El Hierro no reciben una asistencia jurídica adecuada, tal como exige la Constitución y los tratados internacionales.
La vocal del Consejo Canario del Colegio de Abogados, Mila Pacheco Pérez, alerta de que las personas migrantes que llegan en pateras a El Hierro no reciben una asistencia jurídica adecuada, tal como exige la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España. Las carencias son múltiples: no hay intérpretes presenciales, los abogados deben costear sus desplazamientos y los recursos judiciales son inadmitidos por un formalismo insalvable. «Estamos incumpliendo derechos básicos simplemente por no tener medios», afirma.
Sin intérpretes ni entrevistas personalizadas
Según Pacheco, una de las principales deficiencias se localiza en la isla de El Hierro, adonde han llegado más de 300 embarcaciones durante el último año. «En esa isla no hay intérpretes y la asistencia se presta a través de un teléfono con altavoz», explica. Esta situación impide conocer las circunstancias personales de cada migrante, entre ellas las que podrían justificar una solicitud de asilo. «Hay personas que huyen de guerras o mujeres víctimas de matrimonios forzados, pero no podemos saberlo si no entendemos su idioma», afirma.
La situación se agrava porque muchos de los recién llegados no dominan ni siquiera el francés, sino dialectos como wolof o mandinga. Esta falta de comunicación impide a los abogados ejercer su labor, a pesar de haber recibido formación específica para estos casos. «No es un acto de generosidad; es un deber jurídico garantizar esa defensa», subraya.
Solo dos abogadas en El Hierro y traslados a contrarreloj
En la actualidad, hay 259 abogados inscritos en el turno de extranjería en Canarias, pero solo dos residen en El Hierro. Cada vez que llega una embarcación, el Colegio activa un sistema de urgencia para desplazar abogados desde Tenerife. «En quince o veinte minutos hay que localizar a los disponibles, conseguir billetes y alojamiento, y llegar a tiempo», detalla.
Durante mucho tiempo, los letrados tuvieron que pagar de su bolsillo el desplazamiento y el hospedaje. «Se les pagaban 314 euros, pero solo por la asistencia a unos seis migrantes. Perdían dinero». Tras varias negociaciones, la Consejería de Justicia ha comenzado a abonar los gastos de transporte y estancia, y la remuneración ha subido a unos 400 euros. Pero siguen sin cubrirse las comidas, y el tiempo dedicado —a veces varios días— no compensa la dedicación requerida. «Es una labor absolutamente vocacional», dice Pacheco.
Recursos inadmitidos por falta de poder notarial
Otro de los problemas estructurales es que los tribunales no admiten recursos contra las órdenes de devolución si no están firmados por un procurador o por el propio migrante. «Pero es imposible trasladar a estas personas al juzgado para que otorguen un poder de representación», lamenta la vocal. Esta exigencia formal deja sin efecto el derecho a recurrir. «Estamos viendo cómo se vulneran varios derechos fundamentales en cadena», denuncia.
Separación por sexos y abusos durante el viaje
Pacheco también alerta de que en algunas pateras viajan agresores junto a sus víctimas. «Se han dado casos de mujeres que han sufrido abusos sexuales durante la travesía», asegura. Por ese motivo, se insiste en que las entrevistas a mujeres las realicen preferentemente abogadas, en espacios separados de los hombres. «Si están delante del agresor, no se sienten seguras para hablar», explica.
La vocal concluye con una reivindicación de la labor que realizan sus compañeros: «Se ve mucho en los medios a la Cruz Roja o a la policía, pero nunca a los abogados, y somos un pilar esencial en la defensa de los derechos humanos». Su mensaje es claro: el sistema no puede seguir funcionando a costa del altruismo de los letrados.