Su presidenta, Loren Arseguet, afirma que la ley ha supuesto «un alivio» para muchas personas, pero advierte de que se aplica lentamente y con desigualdades entre comunidades.
La presidenta de Derecho a Morir Dignamente, Loren Arseguet, afirma que los cinco años de vigencia de la ley de eutanasia dejan un balance positivo por la existencia misma de un derecho que permite decidir sobre el final de la vida en situaciones de sufrimiento extremo, pero advierte de que su aplicación sigue siendo lenta. «Hay que decir que es un alivio para muchas personas», señala, aunque añade que la norma «se está implementando, pero muy lentamente».
Arseguet recuerda que en 2025 se realizan en España 565 prestaciones de ayuda a morir, frente a 1.284 solicitudes recibidas, lo que representa el 0,13% del total de fallecimientos. A su juicio, se trata de una cifra todavía muy baja si se compara con países con regulaciones similares y mayor experiencia, como Canadá, Países Bajos o Bélgica. En Canarias, indica que el año pasado se realizan 16 eutanasias y se reciben 61 solicitudes, con una tasa del 0,09%, inferior a la media estatal.
La presidenta de DMD subraya que uno de los datos más preocupantes es que 374 personas fallecen durante la tramitación de su solicitud, casi un tercio del total. Afirma que este dato revela que los plazos siguen siendo excesivos y que no siempre se aplican las posibilidades de acortamiento previstas por la ley cuando existe un fallecimiento próximo. «Hay una aplicación casi demasiado garantista y timorata de la ley», sostiene.
Unidades de eutanasia y mejor información
Arseguet reclama la creación de unidades de eutanasia en todas las comunidades autónomas para coordinar la aplicación de la ley, informar mejor a la ciudadanía y dar apoyo operativo a los profesionales. Explica que un médico que recibe por primera vez una solicitud se enfrenta a un procedimiento complejo, tanto por el proceso deliberativo como por la carga burocrática. Por eso defiende que cada área sanitaria cuente con profesionales referentes especialmente formados.
La presidenta de Derecho a Morir Dignamente también pide que cada centro de salud disponga de un protocolo claro para saber cómo actuar cuando una persona solicita la eutanasia. Advierte de que algunas solicitudes pueden perderse antes de llegar a la comisión correspondiente y vincula parte del problema a lo que llama una objeción «de conveniencia», distinta de la objeción de conciencia filosófica o religiosa. Frente a ello, sostiene que debe compensarse a los profesionales con tiempo de agenda para tramitar correctamente un proceso largo y exigente.
Arseguet afirma que no existe rechazo social mayoritario a la eutanasia y que todas las encuestas muestran apoyo a la ayuda médica para morir. A su juicio, el problema principal no está en la opinión pública, sino en la falta de información sobre el nuevo derecho y sobre cómo ejercerlo. «Lo que hay es una falta de información a la población sobre lo que es y sobre cómo se puede acceder», señala.