Su vicepresidente en Canarias, Juan Carlos Hernández, recuerda que se han dictado más de 250.000 sentencias limitando la capacidad de obrar a personas que podían hacerlo.
El vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Canarias) celebra la entrada en vigor, el pasado 3 de septiembre, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
250.000 sentencias
Esta ley prohíbe la incapacitación judicial a personas con discapacidad, por lo que las personas con discapacidad, sobre todo a nivel intelectual, pasan a tener capacidad jurídica plena. Hernández recuerda que, en España, se han dictado unas 250.000 sentencias de incapacitación, así como se ha permitido la esterilización forzosa de personas con discapacidad.
Ahora, y merced a esta ley, la persona discapacitada vuelve a adquirir la voluntad de llevar a cabo sus planes y deseos, algo que va a ocurrir en todos los casos. Los tutores, señala Hernández, podrán seguir prestando asistencia, pero la persona puede solicitar medidas de apoyo, y el notario o el agente judicial pueden supervisar la libre voluntad y derivarlo a la fiscalía en caso de dudas.