Canarias registró en el curso 2016-17 un total de 155 agresiones a docentes, según denuncia María Perera, presidenta provincial del Sindicato Independiente de Profesores.
Canarias registró en el curso 2016-17 un total de 155 agresiones a docentes, según denuncia María Perera, presidenta provincial del Sindicato Independiente de Profesores (ANPE).
Estos datos aparecen reflejados en la Memoria del Defensor del Profesor recientemente presentada y expresan un incremento de las agresiones a los profesores de las islas. Así, de los 138 casos del curso 2015-16 se ha pasado a los 155 del curso pasado. Perera estima que la situación de Canarias es similar a la que se observa en el resto del territorio nacional.
Este incremento se viene registrando desde el año 2008 en el que ANPE comenzó a estudiar los datos. Desde esa fecha, “se han doblado” las cifras. Se trata, afirma Perera, de “docentes que se ven imposibilitados para desarrollar su labor por las conductas del alumnado, profesores que se sienten acosados a través de las redes, otros amenazados por los padres y los menos son las agresiones físicas”.
Un caso con entidad propia es lo que ocurre en muchos de los grupos de WhatsApp en el que participan los padres y en el que se observa un “desprecio a la figura del docente. La autoridad del profesorado se ha ido perdiendo”. A su juicio, hay que reconsiderar ese concepto de “autoridad” para que se devuelva al profesor “la que siempre ha tenido”. Dicha autoridad “no tiene nada que ver con la represión, sino que está asociada al respeto, al cariño, la humildad y la firmeza para enseñar conocimientos valiosos al alumnado”.
Sistema educativo “caduco”
Muchas de esas agresiones terminan en los juzgados, particularmente las amenazas, los insultos y las agresiones físicas, pero “la triste realidad es que la pena máxima es una multa de ciento pico euros. Sale muy económico agredir a un docente”. También llegan a los juzgados las denuncias falsas a los profesores por parte de los padres y que quedan “desmontadas” en la sede judicial.
Perera considera que esta situación es consecuencia de un “sistema educativo caduco” en el que el alumnado no responde a los criterios que establecen las administraciones: “las familias no tienen nada que ver con las de hace cuarenta año, hay un tipo de alumnado con poca educación valores y la escuela no puede atender esa educación en valores. El alumnado se aburre en el aula y da problemas”.
Confía en que esta situación comience a paliarse en este curso, pues la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha anunciado en el Parlamento una serie de medidas al respecto.