El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, alerta de que más de 400 personas fallecieron este año sin recibir prestación y teme que los avances estadísticos oculten servicios inaccesibles.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, José Manuel Ramírez, afirma que Canarias es la comunidad que más aumenta porcentualmente el número de personas atendidas durante el primer semestre de 2026, pero sigue registrando, junto con Murcia, la mayor proporción de ciudadanos desatendidos. En las islas permanecen 15.802 personas en lista de espera y el tiempo de tramitación supera los 315 días, frente al máximo de 180 establecido por la ley. Ramírez atribuye este retraso a «casi 20 años de desidia e impericia de los gobiernos canarios».
El representante del Observatorio cuestiona, además, la forma elegida por el Ejecutivo autonómico para mejorar sus datos. Casi la mitad de las prestaciones concedidas en Canarias están vinculadas al servicio, una modalidad que proporciona dinero al dependiente para que contrate por su cuenta la atención, mientras en el resto de las comunidades representa entre el 8% y el 9%. Muchas familias no pueden completar el coste, tienen que adelantar el importe por los retrasos en el pago o no encuentran plazas ni empresas prestadoras. Ramírez teme que esta evolución sea «un espejismo estadístico que va a perjudicar a muchos ciudadanos» y señala que 13.737 personas, el 18% del total, continúan sin una prestación efectiva.
Ramírez reclama reforzar la ayuda a domicilio, que solo supone el 10% de las prestaciones reconocidas en Canarias, frente a una proporción aproximadamente seis veces mayor en el resto de España. También exige que el Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos integren sus recursos dentro del sistema de dependencia, concierten plazas y construyan residencias donde resulten necesarias. Advierte de una grave falta de plazas, especialmente en Tenerife, y recuerda que muchas familias tampoco pueden asumir tarifas residenciales de entre 2.000 y 2.100 euros con pensiones cercanas a los 900.
Más financiación sin excusas para las comunidades
El presidente de la Asociación valora positivamente la reforma estatal y sostiene que el Gobierno de España pasa «de la retórica a los hechos» con una financiación que puede beneficiar a dos millones de personas. Explica que las comunidades recibirán más fondos y que, en el grado III, la aportación estatal se duplica hasta los 660 euros mensuales por persona atendida. No obstante, recuerda que Canarias se encuentra entre las autonomías que menos presupuesto propio invierten por habitante en dependencia. «No hay excusas en este momento para las comunidades autónomas», afirma, y anuncia un seguimiento mensual para impedir que el incremento se destine a sanear las cuentas públicas en lugar de atender a los usuarios.
Ramírez sitúa como primera prioridad eliminar la lista de espera, aumentar la intensidad de la atención domiciliaria y elevar las ayudas a los cuidadores no profesionales. «No se pueden pagar 265 euros al mes por atender a una persona dependiente 24-7», sostiene. También reclama mejores salarios para auxiliares de hogar y de clínica. El responsable del Observatorio señala que más de 400 personas fallecen en Canarias durante el primer semestre mientras esperan una prestación: aclara que no mueren por carecer de ella, pero sí «con mayor sufrimiento, con menos dignidad, con menos calidad de vida», por lo que pide al Gobierno canario que trate la dependencia como «una cuestión de urgencia social».