Acufade acusa al Gobierno canario de mejorar las cifras de dependencia a costa de precarizar

Miembros de Acufade en una rueda de prensa | Foto: Diputado del Común

Miembros de Acufade en una rueda de prensa | Foto: Diputado del Común

Elena Felipe, directora de la asociación de cuidadoras, familiares, amigos de personas con demencia, alzheimer y otras demencias, señala que se trata de un "fraude" porque priorizar la atención domiciliaria no tiene ninguna justificación.

La asociación de cuidadoras, familiares, amigos de personas con demencia, alzheimer y otras demencias (Acufade) acusa al Gobierno canario de mejorar las cifras de dependencia a costa de precarizar la situación del sector en las islas. Su directora, Elena Felipe, llega a hablar de “fraude” por la priorización de la atención domiciliaria: “Es una nueva forma de esclavitud institucionalizada”.

Felipe se pregunta qué justificación tiene priorizar la prestación económica más barata a sabiendas de que también es la más precaria: “Se puede entender la intención de mejorar los datos en las islas, pero no consideramos que el fin justifique los medios, porque está precarizado aún más el sistema y empobreciendo a las personas que cuidan”.

Período de suspensión

Recuerda que este tipo de prestación debe darse de modo extraordinario, pero el Gobierno canario la justifica en la falta de red de servicios, “pero esto es un incumplimiento por parte de las administraciones públicas”.

Además, la prestación consiste en 387 euros mensuales, cuando la persona está en el grado tres, la peor situación posible. A esto se añade que se le aplica un período de dos años de suspensión en cuanto al período de atraso, de tal forma que el sistema se ahorra 9.288 euros por persona, si esta no lleva ya tres años y medios en la lista.

A peor la mejoría

Señala que la situación de dependencia es tal que en el año con mayores inversiones, el Gobierno canario continúa a la cabeza de la vulneración de derechos de estas personas: “Se está empobreciendo a las cuidadoras cuando esperábamos medidas extraordinarias de este gobierno de progreso, al menos la derogación del obsceno decreto del año 2012 que estableció la suspensión del período de atraso”.

Considera que la sustitución del director general de Dependencia, Miguel Montero, por Marta Arocha ha supuesto una “decepción”: “Montero fue un auténtico desastre, y celebramos la nueva dirección porque esperábamos un cambio de rumbo, pero todo nuestro gozo en un pozo, volvimos a caer en la más absoluta de las decepciones”.