9000 menores con necesidades especiales desatendidos

Miembros de la plataforma reunidos con el Diputado del Común | Foto: Diputación del Común

Miembros de la plataforma reunidos con el Diputado del Común | Foto: Diputación del Común

Miguel Llorca, portavoz de la plataforma de atención temprana de Canarias, señala que solo el 1% de ellos se beneficia de las tres únicas unidades existentes.

El portavoz de la plataforma de atención temprana de Canarias y coordinador del servicio de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna, Miguel Llorca, denuncia que unos 9000 menores canarios  con necesidades especiales no reciben atención, pues las tres únicas unidades existentes de atención temprana solo dan el servicio al 1% de ellos.

Llorca considera que se trata de una vulneración del derecho fundamental a la salud de esos menores que no pueden acceder a una de las tres unidades funcionales existentes en Canarias, dos de ellas en las dos capitales, “que son totalmente insuficientes”, y una tercera itinerante que opera desde julio en Fuerteventura. Afirma que, para que sean operativas, estas unidades deben estar conformadas por un equipo multidisciplinar que sea capaz de abordar globalmente todos los aspectos del desarrollo de los menores hasta los 6 años de edad.

Hacer los deberes de una forma “muy lenta”

Afirma que, con las carencias que se sufren, se ha dejado “por el camino” a muchísimos niños “y los seguimos dejando”. Considera que si bien el Gobierno canario está intentando “hacer los deberes”, lo hace de una forma “muy lenta”. Recuerda que el objetivo de esta legislatura era abrir once unidades “y ya estamos a la mitad de la legislatura”. 

No obstante, señala que no se trata de un problema restringido a Canarias, sino que afecta también al Gobierno central, cuyo pacto de coalición contemplaba el incremento de los recursos destinados a la ayuda temprana. Indica que solo Cantabria y Cataluña atienden a todos los menores con una lista de espera que se extiende 15 días. 

Las familias que no pueden acceder a estos servicios públicos y quieren proporcionar una atención temprana a sus hijos deben recurrir a servicios privados por importe de 200 o 300 euros mensuales, “y eso no se lo puede permitir todo el mundo. Es una injusticia”.