➤ «Hay que abrir un debate institucional serio sobre la desmilitarización de los espacios estratégicos de la capital» ➤ «La transición se construye sobre un pacto de desmemoria que aún no hemos superado» ➤ «El franquismo en Canarias deja un impacto de miedo y silencio que sigue presente» ➤ «La represión en las islas alcanza a más del 10% de la población de la época»
El historiador y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria, Sergio Millares, reclama una reflexión colectiva e institucional sobre el uso militar del suelo en la capital. «La ciudad tiene que soñar en grande y recuperar La Isleta para la ciudadanía», afirma, y plantea la necesidad de abrir un proceso negociador con el Ministerio de Defensa que permita repensar la presencia del Ejército en dos enclaves clave: el paseo de La Isleta y la Base Naval del puerto. Millares defiende que estos espacios deberían estar al servicio del interés general, y no limitados por la ocupación militar: «Las Palmas necesita respirar por el norte, incorporar ese espacio como un gran pulmón natural».
Durante su etapa como concejal, Millares impulsó un grupo de trabajo con expertos de distintas disciplinas que estudiaban el impacto del uso militar del suelo urbano. Entre sus conclusiones, destaca la idea de que Las Palmas presenta un nivel de ocupación militar superior al de otras grandes ciudades españolas. «Defender la existencia del Ejército no es incompatible con reubicar sus instalaciones en zonas más adecuadas», señala. El ex edil reconoce que hay resistencias institucionales y políticas a este tipo de debates, en parte por la coyuntura internacional: «Los aires de rearme dificultan una revisión crítica del uso militar del espacio urbano».
Memoria y reparación frente a la desmemoria
En el plano histórico, Millares se muestra muy crítico con el modelo de transición democrática que, a su juicio, «se construye sobre un pacto de desmemoria». Reconoce que la Ley de Amnistía de 1977 fue un instrumento político para facilitar la transición, pero sostiene que su resultado ha sido «el silenciamiento de las víctimas del franquismo y el olvido de la represión». Asegura que la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta corregir «un efecto indeseado de la transición», y considera que negar el pasado solo debilita la democracia: «Un país no puede funcionar democráticamente con zonas oscuras en su historia».
Millares considera que la violencia franquista en Canarias representa uno de los episodios más traumáticos de la historia del archipiélago. Estima que alrededor de 1.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1936 y 1941 en las islas, a las que hay que sumar unas 20.000 que sufren prisión, tortura o represión en campos de concentración como los de La Isleta, Gando o Fyffes. «La represión franquista afecta directamente a unas 6.000 personas e indirectamente a más de 100.000», advierte. En una población de menos de un millón, eso supone más del 10% del total.
Un trauma social que persiste
El historiador defiende que la represión política de los años 30 y 40 deja una huella profunda en la cultura canaria: «Ese trauma se transmite en forma de silencio, de conformismo, de miedo heredado», dice. En su opinión, la falta de justicia transicional y de reconocimiento oficial contribuye a perpetuar esa herida colectiva. «El franquismo no solo fusila y encarcela, también logra una aceptación social basada en el terror. Eso se hereda, y explica por qué aún hoy se habla poco del pasado», asegura.
«La memoria no es venganza, es conocimiento»
Millares trabaja en varios proyectos editoriales vinculados a la memoria democrática, entre ellos un libro sobre su bisabuelo, Agustín Millares, y otro sobre la familia de Luis Rodríguez Figueroa, intelectual tinerfeño asesinado por el franquismo. Con estos trabajos, busca reconstruir historias familiares que permitan entender cómo se vive y se sobrevive a la represión. «La memoria no es venganza, es conocimiento. Y sin ella, no hay ciudadanía plena», concluye.