➤ «Las administraciones son como reinos de taifas, vasos no comunicantes» ➤ «En seis meses salieron casi 100 licencias de juego a la calle. Esto es un desmadre» ➤ «En nuestros salones de juego no entran menores. Y tenemos un control férreo»
El presidente del Grupo Juan Padrón, Manuel Padrón, denuncia la falta de coordinación entre los departamentos del Gobierno de Canarias encargados de regular el juego, el comercio y la fiscalidad. El empresario alerta de la apertura de salones cerca de centros educativos, cuestiona el reconocimiento de determinadas galerías como centros comerciales y reclama una intervención urgente de la Administración para ordenar el sector.
Padrón sostiene que las empresas de su grupo aportan entre 60 y 70 millones de euros anuales en impuestos, pero se enfrentan a procedimientos lentos, interpretaciones contradictorias y una normativa que, según denuncia, no se aplica de la misma manera a todos los operadores.
Casi medio siglo de empresa familiar
El Grupo Juan Padrón mantiene su actividad casi cinco décadas después de la creación, en 1978, de Juan Padrón Marrero, Jupama, la primera sociedad de la familia. La cabecera patrimonial es actualmente Jupama e Hijos y el grupo reúne cerca de una quincena de sociedades y supera los 800 trabajadores.
Padrón explica que la familia comenzó desde cero en Canarias después de abandonar el Sáhara y atribuye la continuidad empresarial al esfuerzo de su padre y al compromiso de sus hermanos. «La idea es seguir manteniendo nuestra familia unida», afirma.
El grupo desarrolla su actividad principalmente en los sectores del juego y el ocio. Gestiona casinos, bingos, salones de juego, máquinas recreativas y espacios de entretenimiento como Holiday World, además de otras zonas dedicadas al ocio infantil.
El empresario recuerda especialmente a su padre, Juan Padrón Marrero, cuando se cumplen doce años de su fallecimiento. «Día a día me acuerdo de él, y día a día lo tengo ahí en mi despacho, en su despacho, en una fotografía», expresa.
Una Administración que «funciona fatal»
Padrón dirige sus principales críticas contra el funcionamiento de la Administración autonómica. El presidente del grupo considera que la lentitud administrativa y la falta de comunicación entre departamentos generan inseguridad jurídica y permiten situaciones que deberían haber sido detectadas por los servicios de inspección.
«La Administración funciona fatal», afirma. Explica que, durante años, la apertura de un salón de juego podía tardar uno o dos ejercicios debido a la demora en la concesión de las autorizaciones. Los operadores tenían que alquilar un local, preparar un proyecto y asumir los gastos mientras esperaban una respuesta administrativa.
Para agilizar los procedimientos se sustituye el antiguo sistema de licencias renovables por una declaración responsable. Padrón respalda esta herramienta, pero recuerda que su eficacia depende de que la Administración inspeccione posteriormente los establecimientos y compruebe que cumplen todas las exigencias.
«La palabra lo dice: declaración responsable», señala. El empresario considera que quien presenta este documento debe garantizar el cumplimiento de la normativa, mientras que la Administración debe ejercer una labor de vigilancia y control. «Que la Administración haga de policía, que investigue y que controle eso», reclama.
El problema, según Padrón, es que los departamentos relacionados con el juego actúan de forma independiente. Presidencia regula el sector, Hacienda recauda los tributos y Comercio determina la clasificación de los establecimientos y centros comerciales, pero no existe una coordinación suficiente.
«Las administraciones, no sé qué pasa, pero es que son como reinos de taifas, vasos no comunicantes», denuncia.
Entre 60 y 70 millones en impuestos
El presidente del Grupo Juan Padrón cifra entre 60 y 70 millones de euros la aportación fiscal anual de sus actividades. Sostiene que la Administración obtiene una parte muy importante de la recaudación generada por el juego. «En cinco años han llevado 400 millones de euros», asegura. El empresario considera que estas cifras deberían llevar a los organismos públicos a prestar una mayor atención al funcionamiento y la sostenibilidad del sector.
El caso del bingo tradicional resulta especialmente significativo. Padrón explica que el cartón físico soporta inicialmente una tasa del 25 %, que aumenta cuando la facturación supera determinados niveles. A partir de 3,5 millones de euros de venta de cartones, la tributación puede alcanzar el 40 %.
«La fiscalidad del bingo es confiscatoria», afirma. El presidente del grupo advierte de que el bingo tradicional pierde terreno frente al electrónico y considera que los impuestos no deberían determinar qué modalidad eligen los clientes.
Padrón defiende que una persona pueda jugar tanto con un cartón físico como mediante un sistema electrónico. «Yo quiero que la gente venga y que si quiere jugar a un cartón, que lo juegue físico o electrónico, que juegue donde quiera jugar, pero que la fiscalidad no sea la que me mate», expresa.
El empresario reconoce que el grupo obtiene beneficios, pero señala que debe afrontar, además de los impuestos específicos, el coste de más de 800 puestos de trabajo y las inversiones necesarias para mantener los establecimientos. Sobre la elevada participación de la Administración en los ingresos, comenta: «Mi socio tonto es el que más lleva».
Galerías que se convierten en centros comerciales
Uno de los principales conflictos expuestos por Padrón afecta a la diferencia entre los centros comerciales y las galerías comerciales. El empresario asegura que algunos espacios reconocidos socialmente como grandes centros comerciales no aparecen inscritos como tales en el registro correspondiente.
Pone como ejemplos el Centro Comercial La Ballena y el Jumbo. Según explica, Comercio sostiene que no pueden ser certificados como centros comerciales porque no figuran en un registro cuya inscripción es voluntaria.
La situación afecta directamente a las autorizaciones para instalar salones de juego. Presidencia exige a los operadores un certificado de Comercio que acredite que el emplazamiento es un centro comercial. Sin embargo, el departamento no expide ese reconocimiento cuando el recinto no consta en el registro.
Padrón asegura que intenta abrir un salón de juego en La Ballena y se encuentra con este obstáculo. Al mismo tiempo, denuncia que pequeñas galerías formadas por varios locales pueden presentar una declaración responsable y autodefinirse como centros comerciales para permitir la instalación de un salón.
«Las galerías comerciales no son centros comerciales», afirma. Padrón explica que un verdadero centro comercial debe cumplir requisitos relacionados con la seguridad, los servicios, los controles y la gestión conjunta del recinto, exigencias que no se aplican necesariamente a una galería.
El empresario considera que Comercio debe verificar estas declaraciones y evitar que una denominación administrativa se utilice para eludir las restricciones. «Yo quiero que las cosas funcionen», insiste.
Padrón asegura que existen operadores que ya han abierto establecimientos mediante esta vía y advierte de que el problema puede extenderse. «Es una puerta que está otra vez abierta ahí y que yo quiero cerrar», declara.
Casi cien licencias en seis meses
La expansión reciente de los salones de juego se produce, según Padrón, después de la finalización de la moratoria aplicada al sector. Explica que la planificación permanece bloqueada desde 2020 hasta finales de 2023 y que el 1 de enero de 2024 vuelve a permitirse la tramitación de nuevas aperturas.
«En seis meses salieron casi 100 licencias a la calle», afirma. El empresario señala que la mayoría se concentra en Gran Canaria y Tenerife, donde se produce un incremento visible del número de establecimientos.
Padrón asegura que avisó a la Administración sobre el volumen de solicitudes y reclama que se supervise el proceso. Sin embargo, sostiene que los organismos públicos reaccionan tarde, cuando muchos operadores ya han presentado declaraciones responsables y adquirido derechos.
El Gobierno de Canarias intentó posteriormente limitar con efectos retroactivos los establecimientos situados a menos de 300 metros de centros educativos. Padrón considera que esa solución genera un nuevo problema jurídico porque una restricción retroactiva puede obligar a la Administración a indemnizar a quienes ya disponen de una autorización válida.
«Esto es un desmadre», resume.
La sentencia sobre los colegios
El presidente del Grupo Juan Padrón sitúa parte del problema en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Explica que un operador consiguió que los colegios de Educación Infantil y Primaria no computen como centros educativos a efectos de calcular la distancia mínima para instalar un salón de juego.
Según Padrón, la resolución no es recurrida y comienza a utilizarse como referencia para tramitar nuevas aperturas. Esto permite que un establecimiento pueda situarse a más de 50 metros de un CEIP, aunque la regulación general establece una separación de 300 metros respecto a los centros de enseñanza.
«Las reglas de juego dicen que para instalar un salón de juego tiene que estar distanciado a 300 metros de un centro de enseñanza. Eso se lo cargan a raíz de una sentencia», afirma.
Padrón subraya que los menores no pueden entrar en sus establecimientos y asegura que el grupo aplica controles estrictos. Sin embargo, considera que la protección no puede limitarse a impedir el acceso, sino que debe respetar también las reglas de distancia establecidas por la planificación.
El empresario forma parte desde hace años de una plataforma a favor del juego sostenible y respalda la implantación de controles físicos de entrada en todos los salones, similares a los existentes en casinos y bingos.
«En nuestros salones de juego no entran menores. Y tenemos un control férreo», garantiza. También afirma que está de acuerdo con todas las medidas destinadas a reforzar la protección de los usuarios y evitar el acceso de las personas que tengan prohibida la entrada. Padrón reconoce que esta posición provoca discrepancias dentro del propio sector.
Interpretaciones contradictorias
El empresario lamenta que una misma normativa pueda desembocar en interpretaciones diferentes según el organismo que intervenga o la resolución judicial que invoque cada operador.
Padrón asegura que otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias cuestiona la necesidad de que Comercio certifique si un recinto es un centro comercial. Según explica, la resolución otorga más valor a la licencia municipal de actividad, lo que abre una nueva vía para autorizar establecimientos.
Esta sucesión de resoluciones, declaraciones responsables y criterios administrativos crea, a juicio del presidente del grupo, un sistema difícil de controlar. «Estamos en un mundo de locos», sostiene.
Padrón evita acusar directamente de corrupción a la Administración o a otros operadores. «Yo no sé si hay corrupción. Prefiero no contestar», manifiesta. No obstante, denuncia que algunas empresas encuentran vías que otras rechazan utilizar y asegura que él no pretende cambiar su forma de actuar.
«Yo no soy así, pues no quiero ser así, no quiero cambiar y quiero seguir siendo lo más honesto posible», declara.
Los litigios del Hotel Santa Catalina
El presidente del Grupo Juan Padrón también se refiere a los procedimientos judiciales relacionados con el Hotel Santa Catalina, establecimiento que la familia gestiona durante más de dos décadas.
Padrón señala que en noviembre está previsto un juicio civil relacionado con los premios de jubilación reclamados después de la pérdida de la concesión. También continúa pendiente la controversia sobre las fichas urbanísticas y la presentación de una demanda vinculada al tribunal que interviene en la adjudicación.
El empresario sugiere que el resultado podría haber sido distinto si hubiera utilizado otros métodos. «Todo el mundo me dice a mí que lo de Santa Catalina lo podríamos haber sacado si hubiera ido por otro derrotero», afirma, aunque evita concretar a qué prácticas se refiere.
Padrón asegura que los procesos judiciales continúan avanzando y mantiene su intención de reclamar por todas las vías disponibles. A sus 68 años, anuncia que quiere jubilarse a los 70 y que durante este periodo será más directo en sus críticas.
«A los 70 me voy a jubilar y ya no quiero tener pelos en la lengua ni tener miedo», afirma.
Reclama respuestas políticas
Padrón anuncia que después del verano volverá a dirigirse a los responsables de la Administración autonómica y local para obtener explicaciones. Asegura que lleva tiempo esperando una reunión con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y que tampoco recibe respuesta de otros dirigentes públicos.
El presidente del grupo sostiene que evita reclamar atención institucional cuando Canarias atraviesa emergencias como incendios o erupciones volcánicas, pero considera que ha llegado el momento de plantear públicamente los problemas que afectan al sector.
Padrón reclama que Presidencia, Hacienda, Comercio y los ayuntamientos compartan criterios, actualicen los registros y fiscalicen las declaraciones responsables. También pide aclarar qué establecimientos pueden ser considerados centros comerciales, cómo se aplica la distancia respecto a los centros educativos y qué validez tienen las licencias concedidas durante la reapertura de la planificación.
«Cada uno atendiendo lo suyo. Y llegan tarde», concluye.