La pandemia ha acelerado la implantación de la jornada escolar continua

Existen evidencias de que la jornada partida beneficia a estudiantes y familias | Foto: Pixabay

Existen evidencias de que la jornada partida beneficia a estudiantes y familias | Foto: Pixabay

Lucas Gortazar, director de research y senior fellow de educación en EsadeEcPol pone de relieve los aspectos regresivos de este modelo.

El estudio “Jornada escolar continua: cómo la pandemia está acelerando un modelo social y educativo regresivo2 elaborado por EsadeEcPol pone de relieve los aspectos más regresivos de la implantación de una jornada escolar que se desarrolla sin la típica interrupción para almorzar. 

Un modelo mayoritario en España

Lucas Gortazar, director de investigación y senior fellow de educación en EsadeEcPol, y uno de los autores del estudio, recuerda que si bien la jornada escolar continua es mayoritaria en España, en unas comunidades está más implantada que en otras.

Así, en Canarias lleva ya tiempo establecida de manera universal y esto no se ha visto afectado por la pandemia de la covid-19. En otras comunidades esto no es así, y la pandemia lo ha cambiado. Gortazar señala que en un primer momento, los centros escolares tomaron la decisión correcta de comprimir la jornada para evitar el contacto, pero, acabada la fase aguda de la pandemia, la jornada continua se ha mantenido.

Falta de estudios concluyentes

El experto señala que no hay ningún estudio concluyente sobre cómo repartir las horas lectivas, “lo que sí hay es información de que cuanto más se amplía el tiempo lectivo y no lectivo, los resultados mejoran”. Apunta que la adaptación de los ritmos vitales encajan mejor en jornadas partidas donde el almuerzo no se produce tan tarde. 

Otra cuestión es cómo afecta la jornada a las familias, y lo que se observa es que las madres trabajan menos e ingresan menos en jornadas continuas, hasta 2000 euros al año. Este tiene que presuponer que existen comedores y becas adecuadas, pero se ha visto que ha sucedido lo contrario.

La conclusión de Gortazar es que un aspecto tan complejo como este no debería ser decidido en manos de cada centro, sino que debería ser una política de cada consejería de Educación.