➤ «El programa de familias acogentes del Gobierno de Canarias está paralizado» ➤«Estamos dejando a los bebés institucionalizados desde el día que nacen y eso es una doble desprotección» ➤ «Hay 35 bebés en centros de menores en Gran Canaria cuando la ley dice que no deben estar ahí»
La situación del sistema de protección y atención social en Canarias atraviesa una de sus etapas más críticas. Así lo sostiene Isabel Mena, consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, que en entrevista con El Espejo Canario denuncia graves disfunciones en los servicios gestionados por el Gobierno autonómico, desde la paralización del programa de acogimiento familiar hasta la ausencia de un convenio vigente para la dependencia. «Estamos creando a personas con pocos vínculos sociales», afirma con preocupación.
Bebés en centros de menores: una vulneración legal y ética
Uno de los asuntos que más inquieta a la consejera es la situación de los menores de seis años que, pese a lo que establece la legislación, están siendo institucionalizados. «Me preocupa que haya bebés en los centros de menores», declara, y califica esta realidad como una «doble desprotección».
Según Mena, en Gran Canaria hay actualmente 35 bebés en centros de protección. «Son niños que han sido separados de sus familias por extrema vulnerabilidad y que, en lugar de ir a una familia acogente como marca la ley, acaban en instituciones donde no pueden recibir el apego necesario para su desarrollo emocional».
La raíz del problema, advierte, está en la inoperancia del Gobierno de Canarias: «El programa de familias acogentes, que antes era modélico, está absolutamente paralizado. No hay campañas en los medios, no se incorporan nuevas familias, y los propios trabajadores denuncian que no tienen medios ni personal».
El caso de la menor quemada y los límites del sistema
Preguntada por el caso de la adolescente que resultó gravemente herida tras ser rociada con un líquido inflamable, Mena confirma que la víctima se encontraba bajo la tutela del Gobierno de Canarias desde hacía cinco años y que residía en un centro de protección del que se había fugado días antes. Actualmente está ingresada en la unidad de quemados de Sevilla y evoluciona favorablemente.
«Ella es una víctima. Haya pasado lo que haya pasado, lo importante es centrarse en su recuperación y condenar rotundamente lo que ha sucedido», subraya. Aunque aún no se conocen todos los detalles, la consejera defiende el modelo de atención en centros abiertos, que permiten a los adolescentes hacer vida lo más normalizada posible: «No se puede poner un policía a cada menor. Lo que intentamos es que no se sientan institucionalizados».
Dependencia: nueve meses sin convenio y 150 millones a pulmón
Otro de los focos de conflicto entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo regional es el convenio de dependencia. Mena denuncia que el Gobierno canario dejó caducar el acuerdo el 31 de diciembre de 2024 sin haber negociado su renovación con los siete cabildos, que desde entonces han asumido el coste íntegro de mantener residencias y centros de día.
«Los cabildos llevamos nueve meses pagando el sistema sociosanitario sin tener convenio. En Gran Canaria, eso supone 150 millones de euros al año que estamos asumiendo sin respaldo», asegura. Critica además la falta de iniciativa por parte de la Consejería de Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico: «Los siete cabildos, gobernados por partidos distintos, tuvimos que convocarnos y redactar una propuesta común que luego se le entregó al Gobierno».
Colapso institucional y frustración generalizada
Mena considera que la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias atraviesa un momento de «caos interno». A las críticas de los cabildos se suman —según indica— las quejas de los propios trabajadores: «Hay protestas de empleados de dependencia, de discapacidad, de infancia y familia. Hay una queja unánime de que la Consejería funciona mal y está descoordinada».
A juicio de la consejera, la actual titular del área no ha sabido gestionar el paso del activismo profesional a la gestión pública: «Antes era la voz más crítica contra el Gobierno, prometiendo que lo haría todo mejor. Pero no es lo mismo criticar que gobernar. Y ahora que tiene que tomar decisiones, está fracasando».
Saturación hospitalaria por abandono social
Otro problema creciente es la presencia de personas mayores en los hospitales, dadas de alta médicamente pero sin recursos sociales a los que acudir. Mena advierte que esto «no es un problema sanitario, sino social» y que requiere coordinación institucional. Lamenta que herramientas creadas para este fin, como las camas de tránsito, apenas se han implementado: «Si no se activan, los hospitales no tienen dónde derivar a estas personas, y eso colapsa el sistema».
Mujeres, representación y crisis de credibilidad
Más allá de la coyuntura institucional, Isabel Mena defiende una mayor presencia femenina en los espacios de poder. «Es hora de apostar por las mujeres, porque somos más de la mitad de la población y tenemos otra visión», sostiene. Señala que en instituciones clave como el Cabildo de Gran Canaria solo ha habido una mujer presidenta en toda su historia.
Denuncia, además, una pérdida de confianza generalizada en las instituciones democráticas: «La falta de respuestas eficaces a problemas como la vivienda o la dependencia abre la puerta al ascenso de fuerzas ultraconservadoras y antisistema». Y lanza una advertencia clara: «Estamos en riesgo de perder lo que tanto nos costó construir en estos años de democracia».