Gerardo Pérez: “Una democracia debe tolerar lo que no nos gusta oír”

Gerardo Pérez Sánchez el pasado septiembre | GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ

Gerardo Pérez Sánchez el pasado septiembre | GERARDO PÉREZ SÁNCHEZ

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna señala que el límite a la libertad de expresión se encuentra en la expresión del odio hacia las minorías y con el ánimo de discriminarlas.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, afirma en esta entrevista que una democracia debe tolerar que se exprese aquello que no se quiere escuchar: “La libertad de expresión tiene que prevalecer, porque la ley no está para cuidar los sentimientos de las personas”. 

En su opinión, es preciso distinguir los tipos penales que protegen los excesos de la libertad de expresión y recuerda que ya existe jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la necesidad de sacarlos del ámbito penal: “La libertad de expresión ha de proteger la crítica”, pero no hasta el punto de amparar el discurso del odio, el cual se constituye por tener por objeto del ataque a un grupo minoritario y desfavorecido e incitar a la violencia o la discriminación de sus miembros.

Democracia como realidad y como aspiración

El jurista considera “complejo” poner una nota global a la democracia española, pues, por una parte, los informes de organizaciones internacionales indican que España está dentro de lo que se denomina “una democracia plena”, pero, al mismo tiempo, hay que contemplar la posibilidad de la crítica y la aspiración a la excelencia: “Y no cabe duda de que hay cosas que mejorar”. No obstante, indica que una valoración de la democracia española implica una comparación, “y si nos comparamos con la media, estamos muy por encima”. 

Sobre las necesidades de reforma de la administración de justicia, señala que la que está sobre la mesa es la de sustituir la instrucción por el juez del caso penal y trasvasarla a la fiscalía. Considera que, para que fuera viable, sería preciso reforzar la independencia del Ministerio Fiscal del poder ejecutivo, pues “si eso no se modifica, no sería conveniente el trasvase”. Entiende, sin embargo, que lo que necesita la administración de justicia es inversión en medios personales y materiales.

Un problema “muy, muy complicado”

Sobre la situación de los inmigrantes en Canarias, Gerardo Pérez señala que la única solución viable es que exista un acuerdo europeo para resolver el problema global, pues sin estas soluciones, las zonas fronterizas siempre se verán desbordadas en sus competencias: “Los problemas no los generan los inmigrantes que llegan”, afirma, al tiempo que señala que solucionar el problema cuando ya se está en él es “muy, muy complicado”.

Estrategia de vacunación

Sobre las estrategias de vacunación y las infracciones de los turnos, el jurista afirma que sería deseable que hubiera un procedimiento reglado y publicado para que se puedan generar derechos. Sin embargo, el actual plan de vacunación no es una norma jurídica, pues no le consta que esté publicado “en ningún lado”. Por ese motivo, le sorprende que se presenten denuncias en la Fiscalía, “porque no hay ninguna norma que sea de aplicación”.