➤ «Nos sentimos oídos, pero no escuchados, durante el proceso de la nueva ley» ➤ «La Universidad de La Laguna está entre las quince mejores de España con menos recursos que la media» ➤ «Las universidades públicas de Canarias generan el 2,5 % del PIB regional»
El rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García Rodríguez, considera que la proposición de ley que redefine el papel de los consejos sociales en las universidades canarias invade competencias propias de los órganos de gobierno universitario. «Creemos que esta proposición de ley desborda lo que es el papel propio que la ley le reserva a los consejos sociales», afirma, y advierte de que la nueva norma «puede crear problemas de funcionamiento, retrasos e incluso conflictos competenciales».
Aunque defiende el papel esencial de estos órganos como vínculo entre universidad y sociedad, sostiene que «no debemos hacer depender el funcionamiento de una institución de que haya buena relación entre el rectorado y el consejo social del momento», ya que estos últimos cambian con las mayorías políticas. Añade que su colaboración con el actual consejo social de la ULL es «magnífica», pero insiste en que las decisiones estratégicas deben estar blindadas frente a vaivenes políticos.
Eficiencia universitaria pese a la infrafinanciación
El rector defiende el rendimiento de la Universidad de La Laguna con datos objetivos. Según el ranking de Shanghái, está entre las 600 mejores universidades del mundo y ocupa el puesto número 14 a nivel nacional. «Con menos recursos que la media española, rendimos igual o mejor», asegura, citando que Canarias es una de las pocas comunidades que no cuenta con un instrumento de financiación plurianual para sus universidades públicas.
Además, señala que la ULL aporta anualmente 167 doctores y que la tasa de desempleo entre ellos es del 0 %, según la Encuesta de Población Activa. «Estamos controlados, somos eficientes y generamos conocimiento con impacto», subraya. También destaca que el 71 % del alumnado accede a los campus en transporte público, lo que refleja el compromiso de la universidad con la sostenibilidad y la movilidad insular.
Críticas al procedimiento de nuevas universidades privadas
El rector reconoce que la existencia de universidades privadas obedece a una demanda insatisfecha por parte de la oferta pública, especialmente en ámbitos como el sanitario, donde la Universidad de La Laguna ofrece 130 plazas anuales de Medicina pese a recibir más de mil solicitudes. Sin embargo, alerta sobre la calidad de algunas universidades privadas autorizadas con informes desfavorables del Ministerio. «Pedimos un control básico que asegure unas garantías mínimas de calidad», sostiene, y aplaude la nueva normativa que hará vinculante el informe ministerial.
Ley Canaria de Ciencia: participación insuficiente
Francisco J. García también muestra su preocupación por la escasa participación de las universidades públicas en la redacción de la nueva Ley Canaria de Ciencia. Aunque reconoce que fueron invitados a una fase previa del proceso, señala que el primer contacto real con el texto articulado se produjo ya en una etapa avanzada. «Nos hemos sentido ciertamente excluidos», dice, lamentando que la ley no contemple un capítulo específico sobre las universidades públicas, que generan el 95 % de la investigación en el Archipiélago.
El rector propone corregir esta omisión, recordando que las universidades públicas, junto al Instituto de Astrofísica de Canarias, son las únicas entidades con oficinas de transferencia de conocimiento. También destaca que las universidades públicas canarias generan el 2,5% del PIB regional, un impacto solo superado por las de Andalucía y Cataluña. «Producimos ciencia y transferimos conocimiento a la sociedad; ese es nuestro valor añadido», concluye.