➤ «La representatividad de los consejos sociales me chirría con las competencias que se les conceden» ➤ «Los consejos sociales de las universidades canarias son los mejor financiados de España» ➤ «Las universidades públicas canarias tienen casi el mismo presupuesto que la Universidad de Alcalá»
El ex director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Carlos Guitián, cuestiona con dureza el contenido y la filosofía del anteproyecto de ley que regulará los Consejos Sociales de las universidades públicas del Archipiélago. Asegura que el texto presentado «es una regresión democrática que abre la puerta a una intervención directa del poder político en la autonomía universitaria». Guitián señala que el borrador, lejos de reforzar la función social y evaluadora de estos órganos, los convierte en «instrumentos de fiscalización política más preocupados por la lealtad al Ejecutivo que por el interés general».
Menos autonomía, más dependencia
Uno de los aspectos que más inquietan a Guitián es el nuevo sistema de elección de los presidentes de los Consejos Sociales. Según el anteproyecto, serán propuestos por el Gobierno y nombrados directamente por el Consejo de Gobierno de Canarias, sin la participación de la comunidad universitaria. «Estamos ante una injerencia inaceptable. La universidad debe poder nombrar a sus interlocutores externos sin tutelas. Lo contrario es infantilizar su autogobierno», subraya.
También denuncia que se reduzca el perfil profesional exigido para quienes presidan los Consejos Sociales: «Se elimina la obligación de tener experiencia en la gestión universitaria o empresarial, lo que facilita el nombramiento de figuras de confianza política sin la cualificación necesaria». A su juicio, «esto abre la puerta a una politización peligrosa de un órgano que debería velar por el cumplimiento de los fines de la universidad, no por sus afinidades partidistas».
Ausencia de diálogo y precipitación
Guitián lamenta que el borrador de la ley no haya sido objeto de un debate previo con la comunidad académica ni con los actores implicados. «El Gobierno presenta el texto de forma unilateral, sin contar con los propios Consejos Sociales ni con las universidades, en un claro desprecio al espíritu de diálogo que debe presidir cualquier reforma de calado», afirma. Para él, esta falta de consulta es síntoma de un modelo político que «no cree en la autonomía universitaria ni en la cogestión».
Asegura además que el proyecto tiene prisa por aprobarse antes de que las universidades puedan reaccionar: «Van a toda velocidad porque saben que, si se abre un debate real, no superaría ni una lectura crítica medianamente rigurosa».
Un modelo superado y sin perspectiva de futuro
Desde su experiencia como responsable de Universidades, Guitián advierte de que el anteproyecto «reproduce un modelo jerárquico y centralizado que no responde a los desafíos actuales del sistema universitario». Considera que se trata de una ley «pensada desde la desconfianza», que no busca construir puentes entre la universidad y la sociedad, sino controlar sus decisiones desde fuera. En este sentido, critica también la actitud de los equipos rectorales: «Los actuales rectores han perdido una oportunidad para defender el papel que debe jugar el Consejo Social como órgano de participación ciudadana. Se están dejando llevar por una visión corporativa y cortoplacista».
Hacia un nuevo consenso institucional
Guitián propone que se abra un proceso participativo real que permita revisar el papel de los Consejos Sociales con mirada estratégica. A su juicio, estos órganos deben recuperar su función de puente entre la universidad y la sociedad, reforzando la rendición de cuentas y la transparencia, pero sin perder su independencia. «Un Consejo Social fuerte es el que tiene capacidad para evaluar, proponer y dialogar con las instituciones, no el que se pliega a los dictados del Gobierno de turno», concluye.