El sector reclama más agilidad administrativa y una prórroga de las ayudas europeas para ejecutar proyectos que reduzcan la dependencia del petróleo y eviten desperdiciar electricidad limpia.
El sistema energético canario avanza hacia una mayor presencia de las renovables y el almacenamiento, pero continúa condicionado por la debilidad de las redes insulares, la antigüedad de las centrales térmicas, los retrasos administrativos y la incertidumbre sobre la ampliación de los fondos europeos. El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández; el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables de Las Palmas, Fernando Caballero; el director facultativo de las obras de la Comunidad Energética de El Goro, Lorenzo Muñoz, y el presidente de la Asociación Eólica Canaria, Raúl Macías, coinciden en que el archipiélago necesita acelerar las inversiones y dotar de almacenamiento a sus sistemas eléctricos.
Advierten de que Gran Canaria es la isla con mayor riesgo de sufrir problemas de suministro. Hernández explica que el operador del sistema identifica un déficit de generación de 138 megavatios, pese a que la isla dispone de más de 700 megavatios instalados. Esa carencia no implica que un apagón sea inevitable, pero sí que el sistema carece de los recursos técnicos necesarios para ofrecer las garantías previstas ante averías o incidencias simultáneas.
«Gran Canaria tiene un déficit manifestado por el operador de 138 megavatios frente a los más de 700, 800 que tiene instalados», afirma el director general. Hernández aclara que, con esa potencia adicional, el sistema dispondría de las herramientas necesarias para garantizar el suministro, aunque reconoce que las averías y los accidentes siempre pueden provocar incidencias.
Una solución temporal para evitar apagones
El Gobierno de Canarias trabaja en varias instalaciones de emergencia para cubrir las necesidades de Gran Canaria mientras se renueva la generación convencional. Dos proyectos terrestres se tramitan en la zona de El Goro y el Ejecutivo estudia incorporar un buque generador con capacidad para aportar alrededor de 100 megavatios.
Hernández explica que una instalación terrestre de ese tamaño exige una inversión elevada, ocupa una superficie considerable y encuentra dificultades para conseguir una ubicación aceptada. El barco, en cambio, puede llegar en pocos meses, conectarse a la red y abandonar la isla cuando deje de resultar necesario. «Es un plug and play», resume.
El director general recalca que el buque no funcionará de forma permanente. «Estará siempre conectado a la red, a disposición. Y en caso de, para evitar un apagón, es cuando tendría un funcionamiento», señala. La instalación podría disponer de entre 125 y 200 megavatios, aunque solo estaría autorizada para aportar aproximadamente los 100 que necesita actualmente el sistema grancanario.
El barco funcionaría inicialmente con diésel, una circunstancia que reabre el debate sobre la renuncia de Gran Canaria al gas como combustible de transición. Hernández sostiene que el archipiélago pasa directamente de los productos petrolíferos a las renovables sin contar con suficientes tecnologías intermedias que aporten estabilidad y reduzcan las emisiones.
«El gas se ha demostrado en Europa, con todas las políticas, como una necesidad de un combustible de transición», afirma. A su juicio, Canarias pierde hasta ahora esa oportunidad, pese a que el gas resulta menos contaminante y más económico que el fueloil y el diésel utilizados en muchas centrales.
El nuevo concurso de generación abre la posibilidad de instalar grupos más modernos y preparados para operar con gas en caso de que este combustible llegue finalmente a las islas. Hernández recuerda que buena parte de los motores actuales pertenece al siglo pasado y considera imprescindible sustituirlos, incluso aunque el objetivo final sea aumentar la penetración renovable.
Hasta un 25% de energía eólica desperdiciada
El almacenamiento aparece como la pieza esencial para incorporar más energía limpia. Raúl Macías explica que Canarias alcanza una penetración renovable cercana al 21%, impulsada principalmente por las convocatorias EOLCAN desarrolladas entre 2017 y 2018. Sin embargo, una parte importante de la electricidad generada por los parques eólicos no puede integrarse en la red.
«Hay meses en Gran Canaria, por ejemplo, que llegamos a un 20-25% de vertidos, es decir, energía que no puede ser integrada en el sistema», advierte el presidente de AEOLICAN. Los vertidos se producen cuando existe viento o sol suficiente para generar electricidad, pero el sistema no tiene capacidad para consumirla o almacenarla.
Macías considera que los promotores deben incorporar baterías a sus instalaciones para convertir los parques renovables en sistemas gestionables. El almacenamiento permitiría entregar la electricidad cuando desaparezca el recurso eólico o solar y ayudaría a estabilizar la red.
«Tenemos que intentar integrar almacenamiento en nuestras plantas para intentar hacerlas gestionables y que contribuyan, que apoyen a lo que es la operación del sistema», afirma. El presidente de AEOLICAN confía en que el Estado apruebe una remuneración específica para la energía almacenada y posteriormente introducida en la red.
Esa retribución, señala, supondría «un impulso brutal» para una tecnología que hasta ahora depende en gran medida de las subvenciones. Macías considera que el almacenamiento es imprescindible en los sistemas eléctricos insulares, mucho más pequeños y vulnerables que el peninsular.
Hernández matiza que la penetración real de las renovables es algo mayor que la registrada en la red. A ese 21% se suma aproximadamente otro 4% correspondiente al autoconsumo, una energía que se produce y consume directamente en viviendas, empresas e instalaciones industriales. «Ese 21 generalmente es un 25», indica.
El Goro ensaya un modelo pionero de comunidad energética
La Comunidad Energética de El Goro constituye uno de los proyectos más innovadores en este ámbito. Lorenzo Muñoz explica que las obras crean una red eléctrica directa entre las cubiertas de las empresas participantes y un centro común de almacenamiento.
La primera fase reúne a 46 empresas de las aproximadamente 380 instaladas en el polígono industrial. La energía fotovoltaica generada en sus tejados circulará por redes propias hasta un conjunto de baterías con una capacidad total de almacenamiento de unos 22,5 megavatios y un coste cercano a los 3,2 millones de euros.
El proyecto permitirá a las empresas consumir su propia electricidad sin utilizar las redes generales de distribución y transporte. Muñoz prevé que esta configuración reduzca considerablemente los costes eléctricos, aunque aclara que los resultados económicos definitivos no podrán conocerse hasta que las instalaciones entren plenamente en funcionamiento.
«Es un sistema de autoconsumo puro y duro con el sistema de almacenamiento y los costes se van a ver bastante reducidos», afirma. La iniciativa busca coordinar la producción, el consumo y el almacenamiento de electricidad dentro del polígono para adaptar la demanda de las empresas a la disponibilidad de energía.
Muñoz sostiene que se trata de un modelo pionero. «Es el primero de Canarias, el primero de España y el primero probablemente de toda Europa», asegura. Aunque existen redes europeas compartidas de frío y calor, considera que no hay proyectos equivalentes de autoconsumo eléctrico industrial con redes directas y almacenamiento común.
La experiencia de El Goro podría reproducirse en otros polígonos industriales del archipiélago. Canarias cuenta con alrededor de 130 áreas de este tipo, donde el coste de la electricidad constituye uno de los principales gastos de las empresas.
El director facultativo reconoce que la iniciativa no habría podido desarrollarse sin los fondos europeos, porque una parte importante de la infraestructura queda enterrada y no resulta rentable mediante una inversión puramente privada. El objetivo es demostrar que la comunidad energética puede convertirse en un nuevo modelo de negocio industrial y servir como referencia para otros territorios.
Más de 140 millones pendientes de ejecución
La incertidumbre sobre los fondos Next Generation preocupa tanto a las empresas como al Gobierno autonómico. Fernando Caballero señala que alrededor de 200 millones de euros quedan inicialmente pendientes de ejecución y que numerosos promotores ya realizan gastos de ingeniería y planificación que podrían no recuperar si las ayudas caducan.
«Son proyectos que ya han tenido una serie de gastos. O sea, gastos de ingeniería, y los gastos ya están, ya los has hecho», explica el presidente de ASERPA. Caballero recuerda que las subvenciones marcan la evolución reciente del autoconsumo y permiten financiar hasta el 85% de algunas inversiones.
Hernández detalla que Canarias prevé justificar unos 105 millones de euros antes del actual vencimiento. Sin una ampliación, quedarían sin ejecutar otros 141 millones. Si el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre, la inversión ejecutada podría elevarse a 175 millones y el remanente se reduciría a unos 70 millones.
«Solamente con cuatro meses podemos prácticamente duplicar esa inversión en Canarias, porque la gente ha cogido ritmo de crucero», afirma el director general. Hernández señala que los proyectos de mayor envergadura necesitarían ampliaciones superiores, pero considera prioritario salvar aquellas actuaciones que pueden concluir antes de final de año.
El Gobierno canario sostiene que los objetivos exigidos por Europa ya están cumplidos y que la ampliación depende de una decisión administrativa del Estado. Hernández afirma que existe diálogo con el Ministerio, aunque todavía no se traduce en la modificación normativa necesaria. «Necesitamos un real decreto que se modifique y que diga: “Oye, los fondos que tú tenías el 31 de julio, ahora tienes el 31 de diciembre como mínimo”», señala.
Lorenzo Muñoz coincide en que el problema es fundamentalmente administrativo y reclama que la decisión se adopte cuanto antes. «Los promotores no podemos estar con la soga al cuello hasta el último momento», advierte. La falta de certidumbre obliga a las empresas a acelerar las obras sin saber si dispondrán del tiempo necesario para terminarlas.
Macías se muestra optimista y confía en que el sentido común se imponga. «Canarias está muy por detrás en la descarbonización del sector, de todos los sectores», afirma. A su juicio, la necesidad de reducir esa distancia constituye un argumento suficiente para ampliar los plazos y evitar la pérdida de inversiones.
Un programa capaz de duplicar el autoconsumo
Hernández destaca que el programa de Energía Sostenible en las Islas moviliza más de 200 millones de euros, una cifra que multiplica por veinte el presupuesto anual de ayudas gestionado habitualmente por la Dirección General de Energía.
El Ejecutivo autonómico redistribuye hasta en tres ocasiones los recursos que quedan desiertos en algunas convocatorias para dirigirlos hacia las líneas con mayor demanda. Hernández defiende que esta estrategia permite adjudicar la práctica totalidad del dinero disponible, aunque también retrasa la resolución final de muchos expedientes.
«Hemos tenido una ambición por poder ejecutar los fondos tremenda», afirma. Antes del programa, Canarias contaba con unos 250 megavatios de autoconsumo instalados. Las ayudas pretenden sumar aproximadamente otros 200, por lo que podrían casi duplicar la potencia existente.
Caballero considera necesario separar a largo plazo el desarrollo de las renovables de la existencia de subvenciones, aunque reconoce que estos fondos tienen un carácter excepcional y pueden acelerar de forma decisiva la transformación del sistema. Cuanto mayor sea el autoconsumo, explica, menor será la dependencia de las centrales convencionales y más capacidad habrá para integrar otras tecnologías limpias.
Planificación a largo plazo y menos burocracia
Los cuatro participantes coinciden en que Canarias dispone de planes energéticos, pero señalan que la dificultad radica en convertirlos en instalaciones reales. Hernández cita la planificación de redes de transporte y distribución, las nuevas centrales, los grandes bombeos hidroeléctricos, el almacenamiento y la delimitación de zonas para la implantación de energías renovables.
El Gobierno negocia con los cabildos la ubicación de estas áreas y sostiene que Canarias recibe una planificación de redes más ambiciosa de la que le correspondería por población. Sin embargo, la construcción de un eje eléctrico entre el norte y el sur de Gran Canaria o Tenerife puede demorarse entre diez y doce años.
«Materializar las cosas es tremendamente complicado», reconoce Hernández. El director general pide reducir los plazos de autorización y recuerda que cualquier infraestructura produce algún impacto. Los parques eólicos, por ejemplo, modifican el paisaje, generan ruido y pueden afectar a determinadas especies, aunque incorporan medidas para reducir esas consecuencias.
«Las renovables por sí mismas no son inocuas», admite. La planificación, añade, debe comparar esos impactos con los beneficios ambientales, económicos y energéticos de cada proyecto.
Caballero reclama que las estrategias se mantengan con independencia de los cambios de gobierno. «Lo que hay es establecer unas estrategias claras y después que se vayan ejecutando independientemente del partido político que esté gobernando», señala. Su experiencia desde 2007 le lleva a advertir de que muchos planes anteriores fijan objetivos ambiciosos, pero terminan convertidos en «papel mojado».
Macías considera que el actual Ejecutivo encuentra al comienzo de la legislatura una situación especialmente complicada y adopta medidas que otros gobiernos no afrontan. Destaca la declaración de emergencia energética, los concursos de generación temporal y definitiva, la planificación y las zonas de aceleración renovable.
Muñoz añade que los planes deben ir acompañados de herramientas económicas, técnicas y administrativas. «Tú puedes poner una serie de objetivos a 15 años, pero ejecutar esos objetivos si no te vienen con una serie de herramientas políticas o técnicas con las que los puedes acelerar» resulta imposible, sostiene.
Hernández asegura que la modificación de la Ley de Cambio Climático pretende precisamente simplificar los procedimientos. Entre las medidas adoptadas cita la posibilidad de instalar paneles fotovoltaicos en cubiertas mediante comunicación previa y la reducción de los trámites necesarios para colocar puntos de recarga de vehículos eléctricos.
El director general considera que la ley anterior contenía numerosos objetivos climáticos, pero pocas herramientas prácticas para impulsar la transición energética. La prioridad actual, concluye, es convertir la planificación en proyectos ejecutados, acelerar las autorizaciones y dotar al sistema de almacenamiento suficiente para que Canarias deje de desperdiciar una parte de la energía renovable que ya produce.