Una ley estatal pone las bases para combatir el cambio climático

Teresa Ribera celebra la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados el pasado mayo | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

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Aridane González, presidente del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias, lamenta que la norma no contemple las singularidades de las islas.

Aridane González, presidente del comité científico para el cambio climático, economía azul y circular del Gobierno de Canarias, está convencido de que la Ley estatal de cambio climático, recientemente aprobada, marcará un antes y un después en la lucha contra este importante reto para el planeta. 

Afirma que la ley llega con retraso y que debía haber sido aprobada hace “muchísimos años”, porque la comunidad científica lleva décadas alertando de los problemas del cambio climático: “Debemos empezar a cambiar nuestros hábitos diarios para alcanzar una situación de sostenibilidad”. 

Se trata de una norma que da respaldo a todas las estrategias que se tengan que desarrollar para alcanzar los niveles exigidos y tiene vocación de obligar a la implantación de planes, así como llamar a caminar en la misma senda a administraciones, empresas y personas.

Neutralidad climática

Uno de los conceptos que introduce la ley es el de neutralidad climática, por el que se dibuja un escenario con neutralidad de emisión de gases que el planeta no es capaz de asumir. González considera que lo primero es dejar de emitir, “porque el planeta no es infinito ni las emisiones pueden ser infinitas”. Se establecen tasas de emisión de dióxido de carbono, actualmente a 52,10 euros por tonelada, y recuerda que en Canarias, si se utilizara el excedente de emisiones, tendría el inasumible coste de 260,5 mil millones de euros. 

El experto señala que la obligación que establece la ley es muy clara: comenzar a dejar de emitir. Para ello, desde una instancia nacional se controlará las emisiones de las comunidades autónomas y las fechas de control, así como se disponen medidas sancionadoras.

Para implementar todas estas medidas será necesario desarrollar los perfiles profesionales adecuados, aunque recuerda que en Canarias ya hay empresas especializadas y con capacidad de certificar la huella de carbono. Lo que considera preciso es el desarrollo de una herramienta, a modo de calculadora de huella de carbono, capaz de uniformar las distintas mediciones.

La ley canaria

González entiende que la ley canaria de cambio climático complementará a la nacional, contemplando las singularidades de las islas, como el hecho de que Canarias sea la única región ultraperiférica y dependa un 98% del petróleo: “Es muchísimo más difícil actuar en Canarias que en el resto del territorio”.

Considera que el principal reto de las islas es la gestión de los residuos a través de un sistema de gestión integral.

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