Adalberto Luis Bethencourt advierte de los riesgos de acudir a asesores no colegiados y considera que el absentismo ha dejado de ser un problema exclusivamente laboral.
El decano del Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, Adalberto Luis Bethencourt, sitúa la lucha contra el intrusismo entre las prioridades de su mandato y advierte de las consecuencias que puede tener para trabajadores y empresas recibir asesoramiento de personas no cualificadas. «Para mí, aún lo más grave es que afecta evidentemente a las personas o empresas que acuden a esos servicios donde no hay un profesional colegiado», afirma. Recuerda que una gestión incorrecta puede repercutir en nóminas, cotizaciones, futuras prestaciones, aplicación de convenios o sanciones empresariales.
Bethencourt tampoco espera una aplicación inmediata de la reducción general de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. «No creo, no lo veo que salga adelante», señala, y considera que una implantación indiscriminada podría tener consecuencias especialmente importantes en empresas con actividad continua. Destaca, además, que muchos convenios y empresas ya utilizan jornadas inferiores a las 40 horas y mecanismos de flexibilidad que permiten adaptar los tiempos de trabajo.
Absentismo y presión sobre los despachos
El decano explica que desde la pandemia aumentó considerablemente la carga burocrática de los graduados sociales, con más trámites electrónicos y responsabilidades que no siempre fueron acompañados por herramientas suficientes de la Administración. «El colectivo está cansado», reconoce, y asegura que desde 2020 se produjo «una carga brutal de trabajo» sobre los despachos profesionales.
Sobre el absentismo laboral, Bethencourt sostiene que el problema «ya trasciende de lo laboral» y requiere una respuesta más amplia. Considera necesario mejorar la capacidad del sistema sanitario y plantea que las mutuas puedan intervenir en determinadas contingencias comunes para reducir los tiempos de espera. También advierte de que existen casos en los que «la baja médica se ha convertido en un refugio ante un conflicto laboral» y reclama mecanismos para combatir posibles fraudes.
Bethencourt subraya que el impacto no se limita a las empresas ni al coste de las prestaciones, sino que alcanza también a los compañeros que deben asumir una mayor carga de trabajo. «Es una cuestión social, creo que es una cuestión urgente e importante», afirma, y reclama actuaciones al margen de los calendarios electorales para afrontar un problema que considera cada vez más grave para el tejido empresarial y para las propias personas trabajadoras.