IRLab advierte de que las nuevas reglas pueden prolongar hasta seis meses la estancia de migrantes en Canarias y generar más presión sobre la acogida y la protección de los menores.
La técnica del equipo de Estrategia África de Islas Responsables Lab, Claudia Pérez, advierte de que Canarias continúa sin información suficiente sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, pese a su entrada en vigor el pasado 12 de junio. «Seguimos un poco en la misma situación. No sabemos muy bien qué implicaciones va a traer», afirma, especialmente para un territorio fronterizo y ultraperiférico que concentra buena parte de las llegadas marítimas a España.
Una de las novedades afecta a los menores migrantes no acompañados, ya que los procedimientos de identificación deberán contar con un representante encargado de velar por su interés superior y garantizar que reciban información en un idioma que comprendan. Pérez señala que todavía no están delimitadas las funciones, la financiación ni la administración responsable de esta figura. Canarias tutela actualmente a unos 3.000 menores, frente a los cerca de 6.000 que llegó a atender, pero la técnica recuerda que la cifra continúa siendo muy elevada para los recursos del archipiélago.
El Gobierno de Canarias reclama participar en los mecanismos de seguimiento y acceder a los documentos preparatorios del Estado. Pérez sostiene que el Ejecutivo autonómico y las entidades sociales han quedado fuera del plan nacional de implementación. «Es muy difícil que una comunidad autónoma, una administración, pueda planificar si no tiene información», afirma.
Estancias más largas y una solidaridad insuficiente
El pacto permite que los adultos que soliciten protección internacional permanezcan hasta doce semanas en un primer centro mientras se estudia su petición. En caso de denegación, podrían pasar otras doce semanas en un segundo recurso, lo que prolongaría su estancia en Canarias hasta aproximadamente seis meses. Pérez alerta de que aún no se sabe quién gestionará estos centros y teme que el sistema provoque situaciones de sinhogarismo, desestructuración y una nueva percepción de las islas como territorio de retención.
La técnica también cuestiona el denominado mecanismo de solidaridad flexible, que permite a los Estados miembros elegir entre reubicar migrantes, aportar financiación o prestar apoyo técnico. «La mayoría de los estados van a optar por una aportación financiera» y eso «no resuelve la situación» de los territorios sometidos a una mayor presión, señala. Aunque las llegadas marítimas disminuyen durante 2025, Pérez recuerda que las migraciones son un fenómeno estructural y defiende reforzar la cooperación en los países de origen y tránsito mediante proyectos formativos y económicos que ofrezcan alternativas y eviten nuevas muertes en la ruta atlántica.