Su portavoz, Isa Talavera, advierte de las dudas que genera la nueva regulación de la jubilación flexible y reclama priorizar las pensiones más bajas y el poder adquisitivo de la población.
La portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, Isa Talavera, cuestiona la reforma de la jubilación flexible aprobada por el Consejo de Ministros y afirma que no responde a una demanda real de la mayoría de los pensionistas. Talavera explica que el nuevo marco permite compatibilizar una parte de la pensión con una actividad laboral, pero advierte de que muchas personas que llegan a la edad de jubilación lo que desean es «vivir tranquilo y con dignidad».
Talavera señala que la regulación genera dudas tanto para asalariados como para autónomos. En el caso de la jubilación flexible, recuerda que la pensión se reduce en función de la jornada trabajada y se pregunta qué empresario contrataría a una persona jubilada con jornada parcial. En el caso de los autónomos, advierte de que existen incertidumbres sobre si realmente compensa mantener una actividad limitada, especialmente cuando no se permite facturar por encima del salario mínimo interprofesional.
La portavoz considera que estas fórmulas pueden interesar solo a determinadas profesiones menos exigentes desde el punto de vista físico, pero no a trabajadores de sectores como la construcción, el comercio o actividades con fuerte desgaste. A su juicio, además, el debate debe tener en cuenta la situación de los jóvenes, que necesitan oportunidades laborales y sufren salarios insuficientes, alquileres elevados y dificultades para independizarse.
Pensiones bajas y coste de la vida
Talavera afirma que hay problemas más urgentes que la reforma de la jubilación flexible, entre ellos la situación de las pensiones no contributivas en Canarias. Critica que se haya aprobado una ayuda de 400 euros anuales, repartida en dos pagos, cuando considera que lo lógico sería una compensación mensual de entre 100 y 125 euros. Recuerda que la pensión no contributiva máxima ronda los 600 euros y se pregunta: «¿Quién vive con eso?».
La portavoz vincula el debate sobre las pensiones con el deterioro general del poder adquisitivo. Sostiene que muchos trabajadores, incluso con empleo, no pueden emanciparse por el precio de la vivienda y el coste de la vida, y defiende que el Gobierno debe atender los intereses de la mayoría social. Talavera reclama reforzar el estado del bienestar y advierte de que quienes crean la riqueza no son quienes mejor viven.