El estudio «Estado del odio: Estado LGTBI+ 2025» advierte de un aumento de las agresiones, una elevada infradenuncia y un crecimiento del odio en redes sociales.
La Federación Estatal LGTBI+ alerta de que las agresiones contra personas LGTBI+ se han más que duplicado en el último año, según el informe «Estado del odio: Estado LGTBI+ 2025», que cifra en un 16,25% el porcentaje de personas del colectivo que han sufrido una agresión física o verbal en los últimos doce meses, frente al 6,8% registrado en el ejercicio anterior. Marta Alonso, representante de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, afirma que el informe revela un aumento de las agresiones, pero también un incremento de las denuncias vinculado al acompañamiento de las organizaciones LGTBI+. No obstante, advierte de que la infradenuncia sigue siendo «preocupante», porque «casi la mitad de las personas víctimas ni denuncian ni acuden a una entidad que les pueda ayudar en el proceso».
El odio en la calle, el trabajo y las redes
Alonso dice que la calle continúa siendo el principal escenario de la violencia, especialmente en forma de agresiones físicas, y relaciona esta realidad con la exposición cotidiana de las personas LGTBI+. Señala que la visibilidad conquistada en los últimos años no es algo a lo que el colectivo vaya a renunciar, aunque reconoce que esa presencia pública sigue siendo un factor de vulnerabilidad. El informe sitúa en segundo lugar los centros de trabajo, donde los incidentes aumentan entre un 4% y un 5% y donde, según indica, se concentran también agresiones sexuales, hasta representar el 21% del total analizado.
La representante de la Federación subraya que el odio afecta con especial intensidad a las personas más vulnerables del propio colectivo. Afirma que las personas trans, las mujeres lesbianas, la población joven LGTBI+ y quienes viven atravesados por varias formas de desigualdad, como la migración, los bajos ingresos o la residencia en zonas aisladas, son quienes perciben más odio y agresiones. En el caso de las personas trans, asegura que el aumento de hechos de odio se sitúa entre 20 y 30 puntos porcentuales por encima de otras identidades del colectivo y que tienen «más del doble de riesgo de sufrir agresiones físicas frente al resto».
Alonso destaca además que el informe es «pionero en Europa» al analizar los hechos de odio en redes sociales. Según explica, hasta un 44% de las personas encuestadas declara haber vivido una situación de odio en el ámbito digital. La dirigente de la Federación afirma que estos discursos no se limitan a plataformas abiertas como Instagram o X, sino que también circulan por redes privadas y se ven alimentados por mensajes políticos que vuelven a colocar en el centro del debate ideas que hace unos años estaban «mucho más descartadas por la élite política». A su juicio, esa normalización crea «un caldo de cultivo perfecto» para quienes difunden odio desde el anonimato.
La necesidad de un pacto de Estado
La representante de la FELGTBI+ vincula la infradenuncia con la desconfianza hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacia el Poder Judicial, así como con la falta de mecanismos adecuados para presentar denuncias de forma eficaz. Afirma que las mujeres lesbianas y, en general, las mujeres del colectivo son quienes menos denuncian, con un 11% más de infradenuncia que los hombres. Alonso sostiene que es necesario acabar con las experiencias negativas que encuentran muchas víctimas cuando acuden a servicios que «tienen que estar a disposición de toda la ciudadanía».
Alonso considera insuficientes las herramientas legales actuales y reclama una mayor formación, sensibilización y atención a las víctimas. En el ámbito digital, pide que se haga cumplir la ley de servicios digitales y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cuente con competencias efectivas para supervisar y perseguir los hechos de odio en las plataformas. La Federación enmarca estas demandas en la reivindicación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, una medida que, según afirma, permitiría establecer reformas estructurales y garantías estables más allá de los ciclos electorales. «Estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando ni de ideologías ni de políticas de otro ámbito», concluye.