La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva convoca manifestaciones el 14 de junio en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para reclamar apoyos reales en las aulas.
La presidenta y fundadora de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva, Carolina Buriticá, madre de Victoria, afirma que las manifestaciones simultáneas convocadas el próximo 14 de junio en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura nacen de «la desesperación» de muchas familias que consideran que sus hijos siguen siendo tratados como «estudiantes de segunda categoría» dentro del sistema educativo. Buriticá sostiene que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con discapacidad recibe de forma constante el mensaje de que «sobra» en los centros y denuncia que la administración insiste en presentar una realidad de inclusión que, según las familias, no se corresponde con lo que ocurre cada día en las aulas.
Una escuela sin apoyos suficientes
Buriticá señala que el problema principal es la falta de recursos humanos y específicos para atender adecuadamente al alumnado. Afirma que muchos docentes están desbordados y que, cuando no pueden responder a una crisis o a una necesidad concreta, son las familias las que tienen que acudir al centro a recoger a sus hijos. «La administración no se quiere encargar de la parte que le corresponde, que es la educación de nuestros hijos», afirma. Según expone, esta situación impide además la conciliación familiar, porque madres y padres viven pendientes de una llamada del colegio.
La representante de la plataforma reclama más orientadores, más profesorado de Pedagogía Terapéutica, más especialistas en Audición y Lenguaje, más auxiliares y mayor estabilidad en los equipos educativos. Subraya que el alumnado con necesidades específicas necesita continuidad y que no puede estar sometido a una «peregrinación» de docentes que cambian durante el curso o de un año para otro. A su juicio, la falta de personal estable, formado y apoyado agrava los problemas de convivencia, aprendizaje y atención dentro del aula.
Buriticá cuestiona que se llame inclusión a la mera presencia de un alumno en un centro ordinario si después permanece apartado, no participa en las actividades o no recibe los apoyos necesarios. Por eso plantea que quizás ha llegado el momento de hablar más claramente de igualdad. Defiende que los niños deben aprender en el aula ordinaria, con sus iguales y en igualdad de condiciones, porque «un niño en el aula ordinaria aprende muchísimo más y los demás niños también aprenden». En su opinión, separar al alumnado en espacios segregados no resuelve el problema, porque muchas familias también son llamadas a recoger a sus hijos cuando están en aulas específicas o en otros recursos apartados.
Derechos reconocidos y familias en pie de guerra
La presidenta de la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva afirma que actualmente se vulneran derechos reconocidos al alumnado con necesidades educativas especiales. Indica que muchas familias han tenido que acudir a abogados y tribunales para que se reconozca lo que, en su opinión, la normativa ya garantiza. «Nos estamos convirtiendo en especialistas en el derecho educativo de nuestros hijos», señala, al explicar que padres y madres se ven obligados a acudir a reuniones con leyes y documentos para recordar a los centros y a la administración qué actuaciones no son legales.
Buriticá sostiene que la Consejería de Educación conoce perfectamente las reivindicaciones de la plataforma, porque las familias han mantenido reuniones, han registrado enmiendas y han trasladado propuestas sobre cómo debería redactarse una futura ley que respete los derechos del alumnado. Advierte de que una norma autonómica no puede rebajar derechos fundamentales ya reconocidos por leyes de rango superior y considera que la administración debe admitir primero que existe un problema. Por eso llama a participar en las manifestaciones del 14 de junio no solo a las familias de alumnado con discapacidad o necesidades específicas, sino a toda la comunidad educativa: «Necesitamos una escuela pública digna y con recursos para todo el alumnado».