Domingo Montes de Oca, director general del Grupo ICOT; Leticia González, presidenta de la Asociación Canaria de Empresarios de Ayuda a Domicilio (ACEMAD) y de la Comisión Sociosanitaria de la CCE; y José Manuel Baltar, consultor y exconsejero de Sanidad, debaten sobre los retos de la atención sanitaria.
La presión que el envejecimiento y la cronicidad ejercen sobre el sistema sanitario y sociosanitario canario obliga a repensar con urgencia el papel de la concertación, la atención domiciliaria y la financiación pública. Así lo plantean, desde perspectivas complementarias, Domingo Montes de Oca, director general del Grupo ICOT; Leticia González, presidenta de la Asociación Canaria de Empresarios de Ayuda a Domicilio (ACEMAD) y de la Comisión Sociosanitaria de la CCE; y José Manuel Baltar, consultor y exconsejero de Sanidad, en una tertulia en la que coinciden en que el futuro pasa por reforzar los cuidados en el hogar y ordenar un sistema hoy fragmentado entre administraciones y niveles asistenciales.
Concertación en impasse y costes al alza
Montes de Oca describe la situación actual de la concertación sanitaria como «un periodo de impasse», en el que las necesidades de compra de servicios por parte de la administración crecen mientras se negocian nuevos pliegos con el sector privado. Recuerda que el convenio colectivo de clínicas privadas prevé una subida salarial cercana al 10% a partir del 1 de enero y advierte de que la administración «tiene que ser sensible a esa variación de las estructuras de costes» si quiere mantener la oferta de camas y servicios.
Al mismo tiempo, admite que el sistema público está sometido a límites presupuestarios y que la solución exige un equilibrio: el objetivo, resume, es que los centros que «han realizado un gran esfuerzo inversor de dotación y de actualización, de modernización, de innovación» puedan poner esa capacidad al servicio del Servicio Canario de la Salud sin asumir pérdidas estructurales. Por eso rechaza planteamientos ideológicos que desconfían de la colaboración público-privada y reclama un diálogo centrado en la sostenibilidad real de los recursos.
Ayuda a domicilio: el futuro con un grave problema de personal
Desde el ámbito de los cuidados en el hogar, Leticia González afirma que «eso es el futuro», pero matiza que el camino está plagado de obstáculos. El principal, insiste, es la falta de profesionales: «lo que no hay es personal, lo que no hay es personal, es que tenemos un grave problema de personal». Critica que el nuevo decreto en tramitación sobre dependencia se limite a abrir la puerta a más empresas privadas en las islas no capitalinas sin abordar el verdadero cuello de botella: la ausencia de trabajadores cualificados dispuestos a asumir empleos mal pagados y poco reconocidos.
González reclama una estrategia coordinada con Educación, Empleo y otras consejerías para hacer atractivo el sector, ampliar la formación y asegurar resultados medibles: convenios con el sistema educativo, planes específicos de certificación profesional y una mejora efectiva de las condiciones laborales. Recuerda que una prestación de grado I de dependencia «son 180 euros» por apenas «tres horas a la semana» de ayuda a domicilio y se pregunta «cómo cuidamos a alguien con tres horas a la semana», convencida de que el modelo actual es «inviable» si no se revisa la financiación y la organización de los servicios.
Islas no capitalinas, equidad y financiación desigual
La expansión de recursos en islas como El Hierro, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote o La Palma revela con crudeza los límites del modelo. Montes de Oca explica que allí «realmente existe un problema de profesionales» y que, además, son mercados poco atractivos para captar personal de fuera, compitiendo con otros territorios que también sufren escasez. En este contexto, considera inaceptable que la financiación pública no refleje esas diferencias: «lo que no puede ser es que se financie igual una plaza en El Hierro que una plaza en el centro de Las Palmas».
El directivo defiende que la equidad exige precisamente tratar de forma desigual lo que es desigual, con tarifas que permitan mantener servicios viables en zonas despobladas o alejadas: «eso es el peso de la equidad, el tratamiento del desigual a los desiguales», resume. De lo contrario, alerta, se corre el riesgo de que las licitaciones queden desiertas, se deterioren los servicios y los ciudadanos de islas no capitalinas queden aún más desprotegidos.
Fragmentación institucional y el ejemplo catalán
Para Baltar, uno de los problemas de fondo es la fragmentación de competencias: ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, Sanidad y Servicios Sociales gestionan piezas distintas de la atención al mismo ciudadano. El resultado, describe, es una suma de prestaciones «donde todo el mundo va a lo suyo» y en la que la persona «no se ve desde el punto de vista integral». A esa ruptura entre lo sanitario y lo sociosanitario se añade la ya conocida brecha entre atención primaria y especializada.
Como contrapeso, destaca la iniciativa de Cataluña, que apuesta por un organismo único de actuación frente al paciente crónico, «sea sanitario, sociosanitario o sea lo que sea». Ese modelo, añade Montes de Oca, permite dejar de parcelar al ciudadano en categorías administrativas y pasar a un abordaje realmente centrado en la persona, con las administraciones adaptándose a sus necesidades y no al revés. «Eso es realmente poner a la persona en el centro», defiende, y señala ese camino como el único viable si se quiere un sistema «de calidad y que responda al problema real».
Dependencia: avances en tramitación y dudas sobre el control
Los contertulios reconocen avances recientes en la gestión de la dependencia. Baltar valora que se haya firmado finalmente el convenio de dependencia entre Gobierno y cabildos hasta 2028, lo que «va a permitir incrementar la dotación de los servicios» y desbloquear proyectos frenados por falta de financiación. Destaca también la simplificación del procedimiento de valoración, que pasa de dos visitas a una sola y acelera la resolución de expedientes. González confirma que «se han dado muchas prestaciones» y que «el ritmo ha cambiado un poquito» gracias a esa racionalización.
Sin embargo, la presidenta de ACEMAD alerta de las incoherencias internas: mientras el departamento de dependencia acepta que las trabajadoras puedan ejercer con tasas pagadas, la inspección exige el título completo; mientras se fijan criterios de calidad y acreditación que algunas empresas tardan «hasta tres años» en cumplir, el nuevo esquema permitiría la entrada de compañías mediante una simple «declaración responsable» y el efecto de un silencio administrativo positivo en tres meses. «Nuestros usuarios yo creo que se merecen algo mejor», dice, reclamando inspecciones reales y homogéneas que garanticen condiciones dignas para mayores y personas dependientes.
Envejecimiento, cronicidad y el papel de la tecnología
Baltar introduce un dato que resume la magnitud del reto: «en los próximos diez años los más optimistas consideran que un 35% de la población y los menos optimistas que un 45% de la población va a ser un crónico que va a estar en sus manos». Ese pronóstico hace inviable un modelo basado exclusivamente en la residencia o el hospital: «la solución no es residencializar a todo el mundo porque si no acabaríamos todo el mundo metido en una residencia», advierte.
En este escenario, la atención domiciliaria aparece como alternativa más humana y eficiente, siempre que se articule con recursos suficientes. Los tres coinciden en que la tecnología, incluidos dispositivos, inteligencia artificial o incluso microchips, jugará un papel importante para hacer escalable el sistema y permitir que un profesional supervise a distancia a múltiples pacientes. Montes de Oca relata cómo su grupo colabora con una empresa tecnológica que desarrolla un microchip para centros y atención domiciliaria, buscando integrar innovación y conocimiento asistencial en un proyecto «muy ambicioso».
Pero Leticia González marca un límite claro: «todo lo que venga, bienvenido sea, todo lo que sea para ayudar, pero la calidad humana es insustituible». Recuerda que «no trabajamos con paquetes de pipa ni con ladrillos, trabajamos con personas» y que el gran problema hoy es la soledad, por lo que la tecnología sólo puede «suplir X funciones», nunca la presencia ni el acompañamiento directo.
Estado del bienestar y planificación a largo plazo
La conversación se cierra con una reflexión más amplia sobre el futuro del estado del bienestar. Baltar se muestra preocupado por las presiones para incrementar el gasto militar en Europa y el riesgo de que esos recursos se detraigan de sanidad y servicios sociales. Al mismo tiempo, recuerda que el sistema arrastra un déficit histórico de planificación: formar un médico especialista lleva «entre 10 y 12 años», de modo que cualquier decisión que se tome hoy «la vamos a recibir dentro de 12 años».
En paralelo, los certificados de profesionalidad en cuidados pueden obtenerse en meses, pero no se han desplegado planes de choque suficientes para cubrir la demanda creciente de personal sociosanitario. Montes de Oca insiste en que la «falta de profesionales» es el principal obstáculo para desarrollar proyectos y que el sector vive en un «mercado deportivo de invierno», donde los centros se disputan enfermeras, médicos y auxiliares en una cadena que va de la privada a la pública, de Canarias a la península y de ahí al norte de Europa.
Entre las notas de optimismo, los tertulianos reconocen pasos en la buena dirección: la agilización de la dependencia, el convenio con los cabildos, la voluntad de algunos responsables políticos de escuchar al sector. Pero también coinciden en que, sin una visión estratégica que integre sanidad y servicios sociales, refuerce la atención domiciliaria y garantice condiciones dignas para quienes cuidan, Canarias seguirá enfrentándose a un futuro en el que, como advierte Baltar, una gran parte de la población vivirá muchos años más, pero con enfermedades crónicas que exigirán respuestas mucho más coordinadas y humanizadas que las actuales.