Arquímedes Arencibia, portavoz de la Asociación Canarios sin Alas, lamenta que, tras más de una década de residencia en Cataluña, siga sin resolverse el problema.
Arquímedes Arencibia, portavoz de la Asociación Canarios sin Alas, lamenta que, tras más de una década de residencia en Cataluña, siga sin resolverse el problema de los canarios que han tenido que cambiar su empadronamiento por razones familiares, laborales o sanitarias y, por tanto, han perdido el derecho al descuento del 75% en los vuelos a Canarias. «Los primeros años mantenía mi residencia en Arucas, pero cuando necesitas médicos, especialistas y escolarizar a los hijos, no te queda otra que empadronarte donde vives», afirma.
Esta situación tiene un alto coste emocional y económico. «Hace dos años no pudimos bajar porque los billetes se nos subían a 1.300 euros», explica. Este verano, reservando con siete meses de antelación, su familia logró pagar menos de 450 euros. «Pero eso no siempre es posible: hay gente que no puede venir ni a despedirse de un familiar fallecido», lamenta.
Una propuesta viable: el certificado de residencia puntual
Desde la asociación proponen dos medidas concretas. Por un lado, establecer la obligatoriedad de servicio público en los vuelos entre la península y Canarias con un límite máximo de precio. Por otro, implementar un sistema de «certificado de residencia puntual y vinculante» que permita acceder al descuento a quienes puedan acreditar vínculos familiares, afectivos o patrimoniales con las islas. «No se trata de conceder la residencia cada vez que alguien quiera volar», aclara Arencibia, «sino de permitir que quienes bajamos una vez al año podamos hacerlo sin arruinarnos».
Para Arencibia, es incomprensible que las aerolíneas, que ya reciben compensaciones públicas, sigan actuando con total libertad en la fijación de precios. «El Estado devuelve ese dinero a las aerolíneas. No entendemos por qué no se nos puede conceder este pequeño beneficio. No pedimos volar gratis», insiste.
Desconfianza ante las propuestas de Bruselas
La reciente sugerencia de la Comisión Europea de elevar el porcentaje del descuento de residente al 80% tampoco convence a los afectados. «Eso solo servirá para que suban aún más los precios», alerta Arencibia. «Ya está ocurriendo. Lo vemos cada año: si hay más descuento, las tarifas se inflan». Por ello, insisten en medidas estructurales que eviten el abuso y garanticen la equidad en el acceso al transporte.
«No es de recibo que una familia tenga que elegir entre comer o visitar a sus padres. O que se pierdan momentos irrepetibles, como bodas, comuniones o funerales, porque el precio del billete lo impide», sentencia.
Una reclamación persistente que no encuentra respuesta
La Asociación Canarios sin Alas lleva años denunciando esta situación. «A veces da pereza hablar de esto, pero más que nada da pena», reconoce Arencibia. «Seguiremos insistiendo, tocando las puertas que haga falta. Solo falta que los políticos nos hagan caso».