Carlos Campiña pide mayor visibilidad y financiación para un movimiento «silencioso» que sostiene servicios sociales, ambientales y comunitarios en todo el Archipiélago.
El voluntariado canario sostiene buena parte del tejido social de las islas, aunque lo haga lejos de los focos. Según Carlos Campiña, secretario y tesorero de la Federación Plataforma de Entidades de Voluntariado de Canarias, alrededor del 10% de la población participa de forma organizada en acciones solidarias a través de asociaciones con seguro, formación y estructura.
Una cifra que, a su juicio, demuestra «buena salud», pero que no oculta carencias históricas de financiación, reconocimiento y actualización normativa.
Un trabajo invisible, pero esencial
Campiña recuerda que la labor voluntaria rara vez aparece en estadísticas económicas, pese a su impacto diario: «Es una labor callada que no se ve, pero si alguien pusiera números al tiempo que se ofrece, sería una cantidad enorme».
Las personas voluntarias atienden desde necesidades sociales básicas hasta proyectos medioambientales, acompañamiento a enfermos, apoyo a mayores o atención a colectivos vulnerables, tareas que muchas veces complementan donde las administraciones no llegan.
Perfil y motivaciones
El movimiento tiene rostro mayoritariamente femenino. Según estudios recientes, seis de cada diez personas voluntarias son mujeres, con edades entre los 40 y 50 años y nivel formativo medio o superior: «Las motivaciones son muy diversas: ayudar a alguien cercano, cuidar el medioambiente o simplemente dedicar parte del tiempo a algo útil para la sociedad».
Para Campiña, cualquier persona puede implicarse y «siempre hay un espacio donde echar una mano».
Más apoyo y estabilidad
Las entidades del tercer sector dependen en gran medida de subvenciones públicas, lo que dificulta planificar a largo plazo: «Es muy difícil hacer actividades sin fondos económicos; con lo que tenemos hacemos más de lo que podemos».
Aun así, defiende la transparencia como seña de identidad: cuentas auditadas, control del gasto y rendición pública de resultados.
Una ley que se ha quedado atrás
Uno de los principales retos es la actualización de la normativa autonómica. La actual ley de voluntariado, aprobada a finales de los años noventa, no recoge nuevas realidades como el voluntariado digital o los cambios sociales de las últimas décadas: «El mundo ha cambiado y la ley canaria no se ha actualizado; necesitamos incorporarle los nuevos retos».
La federación participa en reuniones con el Gobierno de Canarias para impulsar una reforma que refuerce derechos, deberes y garantías tanto para personas voluntarias como para entidades.
Complemento, no sustitución
Campiña insiste en una línea roja: el voluntariado no puede suplir empleos ni cubrir carencias estructurales de servicios públicos: «Un voluntario nunca debe ocupar un puesto de trabajo; eso no es voluntariado».
El código ético del sector fija esa frontera y busca evitar abusos o malas prácticas.
Lo que recibe quien ayuda
Más allá de cifras y marcos legales, el dirigente destaca el componente emocional: «Todos los voluntarios dicen lo mismo: reciben mucho más de lo que dan».
La satisfacción de acompañar, apoyar o mejorar la vida de otras personas es, afirma, el principal motor de un movimiento que, aunque discreto, resulta imprescindible para construir una sociedad más solidaria en Canarias.