La abogada canaria Conchi Viera lidera la acusación de 1.800 afectados en la macroestafa de criptomonedas Arbistar
La abogada canaria Conchi Viera, con despacho en Vecindario (Gran Canaria), se ha convertido en una de las figuras clave del caso Arbistar, la mayor estafa piramidal con criptomonedas juzgada en España. En una entrevista en El Espejo Canario, Viera explica que representa «aproximadamente a 1800 personas, 1800 afectados» procedentes «de más de 38 países, de todo el mundo», en un procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y que todavía no cuenta con sentencia firme.
Viera resume el fraude con palabras sencillas: «Son personas que tenían bitcoin y decidieron invertir bitcoins para sacar un mayor rendimiento». La empresa prometía operar en arbitraje de criptomonedas, comprando y vendiendo en distintos mercados para obtener beneficio, pero, según subraya la letrada, «la realidad, nunca hicieron arbitraje, está acreditado y por eso se ha condenado por estafa, y estas personas se quedaron con los bitcoins de los inversores y por ahora no han podido recuperar, no lo que se les prometía como beneficio, sino lo que invirtieron».
Las inversiones se concentran entre 2019 y 2020, en plena pandemia. Cuando los clientes empiezan a pedir retiradas masivas —parciales o totales—, la plataforma cambia las condiciones, limita los plazos y, finalmente, en septiembre de 2020 anuncia que paraliza pagos alegando un supuesto «descuadre del 28%». Desde entonces, recuerda la abogada, quienes confiaron sus ahorros a Arbistar siguen sin recuperar sus bitcoins.
De los juzgados de Arona a la Audiencia Nacional
El caso arranca en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en Tenerife, donde Viera se persona con los primeros 200 clientes. Aquella fase inicial permite acordar embargos preventivos y asegurar parte del patrimonio de los responsables, una labor que la abogada considera «fundamental» para que en el futuro las víctimas puedan ser resarcidas. A medida que se incorporan más perjudicados y países, la causa pasa a la Audiencia Nacional, que asume la competencia por la dimensión internacional del fraude.
Tras una instrucción prolongada y un juicio de mes y medio celebrado entre abril y mayo, la Audiencia Nacional dicta una sentencia que, según la letrada, es «una buena base». Explica que se reconoce la existencia de una estafa masiva en el ámbito de las criptomonedas y se condena al principal responsable, Santiago Fuentes, a seis años de prisión por estafa y a dos años más por falsificación en documento privado, mientras que Diego Felipe recibe también seis años de cárcel. El resto de los acusados quedan absueltos, una decisión que la abogada considera injustificada.
Viera confirma que la resolución se recurre por varias acusaciones particulares, incluida la que ella encabeza, porque entiende que hay pruebas suficientes para que otros implicados sean considerados parte de una organización criminal. También han recurrido las defensas de los condenados y se está a la espera de conocer si lo hará la Fiscalía, de la que la abogada destaca «el trabajo árduo y excelente» realizado durante la vista oral.
Un drama para ahorradores de 38 países
Más allá de las cifras judiciales, la letrada subraya el impacto humano del caso. Distingue varios perfiles entre sus representados. En el ámbito latinoamericano, especialmente en países como Venezuela o Argentina, describe a personas para las que el bitcoin es «una moneda de refugio» ante la inestabilidad de sus divisas: venden lo que tienen para comprar criptomonedas y garantizar su subsistencia. Al invertirlo todo en Arbistar, explica, muchos se quedan sin capacidad siquiera para cubrir necesidades básicas.
En Europa y en países como Japón o Corea del Sur, el perfil es distinto: ahorradores que buscan mejorar su futuro, pagar estudios universitarios, asegurar una jubilación más desahogada o comprar vivienda sin recurrir a la hipoteca. «Tengo clientes que han pedido préstamos, que han hipotecado sus casas, y ahora están pagando hipotecas y préstamos, y no han podido recuperar ni siquiera su inversión», señala.
Viera insiste en que no se trata de grandes fortunas, sino de trabajadores que sustituyen la inversión tradicional en bolsa o vivienda por el mundo cripto. Recuerda, además, que quienes compraron un bitcoin en torno a 10.000 euros en 2020 habrían visto multiplicarse por varias veces su valor si lo hubieran mantenido en una cartera propia. En lugar de eso, han perdido tanto el capital como la plusvalía potencial. «No son personas apoderadas con mucho dinero y que les sobre. Son personas normales, de a pie, trabajadores», resume.
Advertencias ignoradas y lecciones para el mundo cripto
Preguntada por los avisos previos de los supervisores, la abogada recuerda que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya advertía que Arbistar no tenía autorización para la actividad que desarrollaba. Considera que esa información, que estaba al alcance del público, debió hacer saltar las alarmas entre los potenciales inversores, pero admite que en 2020 nadie imaginaba la dimensión que acabaría alcanzando el fraude ni el número real de afectados.
Viera cifra en unos 9.000 los perjudicados que han presentado denuncia, pero recuerda que, según datos facilitados por la propia empresa, el número total supera con creces esa cifra: «Más de 32.000», apunta que reconoce Arbistar. Esa brecha entre quienes acuden a la vía judicial y quienes permanecen en silencio refleja, a su juicio, el alcance global de una estafa montada desde Canarias y expandida por todo el mundo.
Desde su experiencia, la abogada lanza varias recomendaciones a quienes se acercan al mundo de las criptomonedas: «Vamos a partir de la base que el mundo cripto ha llegado para quedarse», afirma, pero insiste en que los riesgos son semejantes a los del sistema financiero tradicional. Cuando una plataforma promete rendimientos desorbitados o ausencia total de riesgo, la respuesta debe ser clara: «Si te ofrece una rentabilidad de un 18% semanal, sospecha» y «cuando te dicen que no hay ningún riesgo, sospecha». Lo resume en una frase que aplica tanto a la banca convencional como a los criptoactivos: «Nadie da duro por peseta».
Viera recomienda acudir siempre a las fuentes oficiales —como los registros de la CNMV— y, ante cualquier duda, consultar con un profesional antes de entregar los ahorros de toda una vida. Mientras los recursos siguen su curso en la Audiencia Nacional, muchos afectados tienen en este procedimiento su única esperanza de reconstruir su estabilidad financiera y emocional después de una estafa que, según la abogada, marca un antes y un después en la regulación y la percepción social del mundo cripto en España.