Daniel Gallart, secretario general de la Unión de Estudiantes de Canarias afirma que la ley no soluciona los problemas reales del sistema educativo, «solo busca aparentar que se hace algo».
Daniel Gallart, secretario general de la Unión de Estudiantes de Canarias (UDECA), manifiesta su «rechazo frontal» a la Proposición de Ley de Autoridad Docente que se tramita en el Parlamento autonómico. No por su contenido únicamente, sino por el modo en que se ha impulsado: «Nos parece inaceptable que se haya optado por una proposición de ley desde los grupos del Gobierno en lugar de un proyecto del propio Ejecutivo, porque eso impide la participación real de la comunidad educativa».
Para Gallart, esta vía legislativa demuestra una «intención deliberada de aprobar la norma con rapidez» sin tener que escuchar las aportaciones del alumnado, los sindicatos o las familias. «Ojalá estemos equivocados, pero parece que se ha hecho así precisamente para evitar el debate social», sostiene.
Falsa promesa de soluciones
Desde UDECA consideran que el texto no resuelve los problemas de fondo que afectan a la convivencia escolar. «Nos quieren vender que esta ley acabará con los conflictos en las aulas, pero no aporta herramientas nuevas ni cambia nada esencial: todo lo que plantea ya está recogido en la normativa vigente», explica el líder estudiantil. El refuerzo de la autoridad pública del profesorado, sostiene, ya se reconoce legalmente en el sistema educativo actual.
Además, Gallart critica que la ley se presenta como una solución mágica cuando el problema no es jurídico, sino de implementación y condiciones reales: «Lo que falla es que no se aplican los protocolos existentes, que no hay suficientes orientadores, que no se atienden bien los conflictos en las aulas. Esta ley no cambia eso».
La autoridad, un concepto social
Uno de los argumentos centrales del rechazo de UDECA es que la autoridad docente no puede construirse solo con leyes. «La autoridad de un docente no depende de que lo diga el BOE, sino del respeto y el reconocimiento social que se le otorgue», afirma Gallart. Por eso, considera que medidas como la mejora de las condiciones laborales, la reducción de la carga administrativa o la estabilización del profesorado interino tendrían más efecto real.
También reclama más medios y apoyos: «Faltan recursos para atender los casos de violencia o conflicto, y si no se interviene bien, se genera la percepción de impunidad». Desde UDECA se insiste en que las mejoras deben pasar por el refuerzo de equipos de orientación, formación continua del profesorado y canales eficaces para prevenir y resolver situaciones críticas.
Vocación docente en riesgo
Gallart alerta de que la precariedad laboral en el sector educativo está desmotivando a posibles vocaciones. «La docencia se ha convertido en la última opción para muchas personas con verdadera vocación, porque las condiciones son cada vez peores», denuncia. Para UDECA, la verdadera forma de dignificar la labor del profesorado es garantizar estabilidad, apoyo psicológico y reconocimiento profesional, no solo normas simbólicas.
Una ley con mensaje erróneo
Finalmente, el líder estudiantil advierte que el efecto más preocupante de la ley puede ser el mensaje que transmite: «Parece que se quiere decir a la sociedad que todo el problema educativo se reduce a la falta de autoridad de los docentes, cuando en realidad el sistema tiene muchas más carencias». Y añade: «Nos preocupa que se utilice una ley para responder con contundencia a un problema que necesita diálogo, pedagogía y recursos».
Desde UDECA defienden una reforma educativa inclusiva y dialogada, que escuche a todos los agentes. «La educación es un espacio de convivencia, no de imposición», concluye Gallart.