El comité defiende que la gestión municipal genera beneficios directos para el municipio y advierte de que el traspaso a empresas privadas podría precarizar el empleo y encarecer el servicio.
El servicio de hamacas y sombrillas de las playas de San Bartolomé de Tirajana se gestiona de forma municipal desde 1997, abarcando el litoral desde El Veril hasta Meloneras. Según explica el representante sindical Sergio García, todos los ingresos por alquiler se ingresan directamente en cuentas del ayuntamiento.
Aunque el personal pertenece a una empresa de servicios que suministra trabajadores al consistorio, la titularidad del material, los vehículos y la recaudación es pública. El sistema, según los trabajadores, constituye una de las principales fuentes de financiación municipal.
Rechazo frontal a la privatización
La posible externalización ha generado preocupación entre los 33 empleados del servicio, que temen tanto por sus condiciones laborales como por el impacto económico para el municipio.
García cuestiona los argumentos de quienes defienden que la gestión privada resultaría más rentable: «Es la segunda fuente de ingresos del ayuntamiento»
El representante sindical subrayó que la recaudación diaria oscila entre 10.000 y 11.000 euros, pese a que el número de hamacas instaladas es inferior al autorizado.
Riesgos para el empleo y los derechos laborales
Los trabajadores consideran que la división del servicio en distintos lotes —hamacas, sectores o kioscos— podría fragmentar las plantillas y facilitar despidos.
Aunque la subrogación del personal está legalmente prevista, temen perder derechos adquiridos si pasan a depender de empresas privadas: «La subrogación está garantizada, lo que no está garantizado son nuestros derechos»
Según García, en otros destinos turísticos donde el servicio está externalizado las condiciones laborales se limitan al salario mínimo y al Estatuto de los Trabajadores.
Propuesta alternativa: empresa municipal
Frente a la privatización, el comité defiende la creación de una empresa pública municipal que asuma directamente la gestión, siguiendo modelos existentes en otros municipios.
Los trabajadores insisten en que no aspiran a convertirse en funcionarios, sino a mantener un sistema público eficiente y estable.
Impacto económico y calidad del servicio
El sindicato sostiene que la externalización podría reducir los ingresos municipales y limitar la capacidad de reinversión en infraestructuras turísticas, accesos a playas o renovación de equipamientos: «El ayuntamiento percibiría muchísimo menos de la recaudación»
Además, advierten de que podría aparecer economía sumergida y una gestión orientada exclusivamente al beneficio empresarial.
Un conflicto aún abierto
Los trabajadores mantienen movilizaciones y acciones legales mientras el debate continúa en el municipio. Entre los frentes abiertos figura un contencioso relacionado con la subida de tarifas, que el comité considera basada en datos económicos incorrectos.
García subraya que aún existe margen para revertir la decisión y pide al consistorio que mantenga un modelo que, a su juicio, beneficia tanto a las arcas públicas como a la calidad del destino turístico.