La diputada del Partido Popular defiende la proposición de ley presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias para reconocer de manera formal la autoridad del profesorado.
La diputada del Partido Popular por la provincia de Las Palmas, Sonsoles Martín, defiende con firmeza la proposición de ley presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) para reconocer de manera formal la autoridad del profesorado. El objetivo principal de la iniciativa legislativa es dotar a los docentes de herramientas jurídicas claras y efectivas que les permitan ejercer su labor con garantías, especialmente en contextos de conflictividad dentro del aula.
Martín afirma que la propuesta surge de una necesidad urgente y compartida por toda la comunidad educativa: «Esta ley responde a una demanda histórica de los docentes: sentirse respaldados por la administración». La iniciativa ha sido registrada ya en el Parlamento de Canarias y comenzará su trámite legislativo previsiblemente en el mes de junio, con el propósito de que entre en vigor en el primer trimestre del próximo año.
Presunción de veracidad y respaldo institucional
Uno de los aspectos centrales de la proposición de ley es el reconocimiento de la presunción de veracidad para el profesorado. Se trata de una figura jurídica que ya existe en otros cuerpos del servicio público, como las fuerzas de seguridad, y que permitiría dotar de mayor fuerza legal a los testimonios del profesorado en situaciones conflictivas.
«El profesorado debe contar con presunción de veracidad, igual que otros servidores públicos como la policía», subraya Martín, quien insiste en que la autoridad no es una cuestión simbólica sino operativa. «La autoridad del docente no se impone, se reconoce, y para eso hay que dotarla legalmente».
Además, la diputada insiste en que este reconocimiento no se limita al plano legal: «También es necesario un respaldo social y político que devuelva a los docentes el lugar que merecen en nuestra sociedad».
Una respuesta ante el aumento de las agresiones
La iniciativa legislativa se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de incidentes violentos o irrespetuosos en los centros educativos. Según los datos citados durante la entrevista, durante el último curso se registraron más de 160 denuncias por agresiones o faltas graves contra docentes en Canarias.
Martín recalca que estos datos no deben tratarse como casos aislados: «La autoridad del profesorado se ha ido deteriorando poco a poco, y lo que antes era impensable ahora ocurre con demasiada frecuencia. No podemos normalizar que un docente tenga miedo a entrar en clase». Añade que muchos profesionales se sienten desprotegidos y que esta situación influye directamente en la calidad del aprendizaje.
Implicación de las familias y trabajo transversal
La diputada destaca que esta no es una ley «punitiva», sino una propuesta integral que busca mejorar la convivencia en los centros desde una perspectiva educativa. «No se trata de sancionar por sancionar, sino de generar un entorno donde el respeto y la responsabilidad sean compartidos», explica.
«No es una ley punitiva, sino una herramienta para mejorar la convivencia y reforzar el papel educativo de las familias», añade. Por eso, la proposición incluye medidas orientadas al trabajo conjunto entre profesorado, alumnado y familias, además de contemplar protocolos para intervenir cuando haya situaciones de riesgo o reincidencia.
Martín subraya que muchos centros ya vienen trabajando desde hace años en planes de convivencia y que esta ley puede reforzar ese esfuerzo. «La comunidad educativa no parte de cero. Lo que hacemos es dotar de un marco normativo que sirva para consolidar ese trabajo y dar seguridad jurídica a quienes lo aplican».
Un compromiso compartido desde el Parlamento
Sonsoles Martín se muestra convencida de que la proposición de ley contará con un amplio respaldo en la Cámara autonómica. Aunque admite que pueden surgir matices en el debate parlamentario, considera que la sensibilidad hacia esta problemática es transversal. «Nadie duda de que hay que hacer algo. Probablemente haya cosas que mejorar en el texto, pero hay consenso en que este paso era necesario».
La diputada recuerda que otras comunidades autónomas, como Madrid o Castilla y León, ya han aprobado normativas similares y que Canarias no puede quedarse atrás. «Nuestros docentes merecen el mismo nivel de protección y reconocimiento que sus colegas de otras regiones», afirma.
La intención del grupo proponente es que la ley entre en vigor antes del inicio del curso 2025–2026. «Estamos trabajando con un calendario ambicioso, pero realista. Si todo va bien, podría estar aprobada en los primeros meses del próximo año», concluye.
Una cuestión de dignidad profesional
En sus palabras finales, Sonsoles Martín lanza un mensaje directo a la comunidad educativa: «El profesorado canario está formado, comprometido y vocacional. No podemos permitir que se enfrente a su trabajo sin respaldo ni respeto». Asegura que esta ley es un primer paso para devolver al docente la dignidad y el protagonismo que merece dentro del sistema educativo.
«Estamos legislando para que cada profesor entre al aula con la certeza de que no está solo», resume. Para Martín, esta iniciativa no solo mejora el presente del sistema educativo canario, sino que garantiza las condiciones para formar con calidad a las futuras generaciones.