El presidente de ANPE Canarias valora de forma positiva la proposición de ley registrada por los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias para reconocer la autoridad del profesorado.
El presidente de ANPE Canarias valora de forma positiva la proposición de ley registrada por los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias para reconocer la autoridad del profesorado.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, valora de forma positiva la proposición de ley registrada por los grupos que sustentan al Gobierno de Canarias para reconocer la autoridad del profesorado. Sin embargo, advierte que la norma no puede quedarse en el plano formal: debe traducirse en cambios reales que refuercen la posición del docente en el aula y en la sociedad. «Esta ley es positiva, pero debe venir acompañada de apoyo psicológico, protocolos claros y campañas de respeto hacia el profesorado», afirma.
Crespo recuerda que la autoridad pública del profesorado ya se reconoce en la Ley Orgánica vigente, pero considera fundamental que se legisle de forma específica en el ámbito autonómico. «No se trata solo de que los docentes cuenten con presunción de veracidad —que es importante—, sino de reforzar la consideración social de su labor y de dotarles de herramientas frente a situaciones que comprometen su seguridad física y emocional».
Una profesión tensionada por el desgaste y el conflicto
Desde ANPE Canarias se denuncia que el profesorado lleva años soportando un progresivo deterioro en el reconocimiento de su función. «Lo que antes era una autoridad mal entendida se ha convertido hoy en una falta de respeto generalizada que en algunos casos deriva en agresiones», explica Crespo. Señala que si bien estos casos no son la norma, sí revelan un ambiente cada vez más hostil que exige respuesta institucional.
«El respeto no se impone por decreto, pero tampoco puede desaparecer por dejación institucional», sostiene. Según los datos disponibles, solo en el último curso más de 160 docentes en Canarias presentaron denuncias formales por situaciones de violencia o acoso en el entorno educativo.
Reforzar la alianza entre docentes y familias
Crespo insiste en que uno de los elementos clave para mejorar el clima escolar es reconstruir la confianza entre el profesorado y las familias. «Somos colaboradores en la educación, no enemigos ni adversarios», afirma. Lamenta que muchas veces se cuestione al docente antes de escucharle y alerta de que esta dinámica socava la autoridad pedagógica y deteriora el aprendizaje.
Desde el sindicato reclaman medidas que impliquen directamente a los padres y madres, como campañas de concienciación o encuentros participativos. «Hace falta un contrato ciudadano que refuerce el respeto hacia el docente como figura pública que orienta, guía y forma. No podemos seguir en una lógica de confrontación», subraya.
Proteger también frente al acoso digital
Una de las preocupaciones más graves que expresa ANPE es el acoso y la deslegitimación que sufren muchos docentes en redes sociales. Crespo señala que una parte considerable de las denuncias presentadas por docentes tienen su origen fuera del aula, especialmente en canales digitales como WhatsApp o plataformas públicas.
«No podemos permitir que el docente se convierta en el enemigo público dentro del aula y en las redes sociales», advierte. Explica que se han dado numerosos casos de vídeos, insultos o amenazas que circulan por redes sociales y que afectan a la dignidad y salud mental del profesorado. Por eso, pide que la nueva ley contemple de forma explícita mecanismos de defensa digital y formación en competencia jurídica y comunicativa para el profesorado.
La necesidad de apoyo psicológico e institucional
Además de reforzar la normativa, desde ANPE insisten en que deben habilitarse servicios de atención psicológica inmediatos para el profesorado que sufra situaciones de conflicto. Crespo reclama que no sea el sindicato quien tenga que prestar ese servicio, sino la propia administración educativa. También demanda la activación de protocolos claros y accesibles para que los docentes sepan cómo actuar y a quién acudir en caso de agresión o amenaza.
En paralelo, propone que se desarrollen campañas institucionales permanentes para reforzar la figura del docente ante la sociedad y especialmente entre el alumnado y las familias. «No se trata de una cuestión corporativa. Hablamos de proteger un pilar esencial de la educación pública», afirma.
Implementación paulatina y seguimiento efectivo
Pedro Crespo reconoce que la tramitación legislativa llevará tiempo, pero pide que el Gobierno de Canarias no espere a la aprobación final para comenzar a actuar. «Hay medidas que pueden empezar a desarrollarse desde ya, como los protocolos de atención o las campañas públicas. No hace falta esperar a que se publique el BOE», apunta.
En ese sentido, considera que el segundo semestre de 2025 puede ser clave para poner en marcha el despliegue institucional que acompañe la futura ley. «Debemos evitar que la norma quede en papel mojado. Solo si se traduce en cambios reales sentiremos que ha valido la pena».
Desde ANPE Canarias, la valoración general es de apoyo, pero con vigilancia activa: «Queremos que se apruebe, pero también que se cumpla. Y ahí estaremos para exigirlo», concluye Crespo.