Gabriel Suárez González, portavoz de CREUP, considera crítico el estado de las universidades públicas y destaca los avances del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario.
El portavoz de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Gabriel Suárez González, advierte de que la universidad pública atraviesa una situación «muy crítica» debido a la insuficiencia de financiación, el deterioro de las infraestructuras y las dificultades para adaptar las titulaciones a las necesidades actuales. En declaraciones a El Espejo Canario, reclama una respuesta urgente de las administraciones y expresa su preocupación por la expansión de la oferta universitaria privada sin garantías suficientes de calidad.
Nuevos derechos para los estudiantes
Suárez González valora positivamente la aprobación del nuevo Estatuto del Estudiante Universitario, que actualiza una normativa vigente desde 2010 y responde a una reivindicación histórica de la representación estudiantil. Entre sus principales avances destaca las adaptaciones curriculares para personas con discapacidad, el derecho a revisar las pruebas de evaluación y, especialmente, el reconocimiento del paro académico como instrumento de protesta del alumnado universitario.
El representante estudiantil defiende que los paros académicos puedan convocarse sin necesidad de autorización de órganos ajenos a quienes los promueven. También reclama que durante esas jornadas se garantice la posibilidad de aplazar exámenes y otras pruebas evaluables, de manera que los estudiantes puedan ejercer este derecho sin sufrir perjuicios académicos. Explica que algunas universidades ya han desarrollado su regulación, mientras que otras, como la Universidad de La Laguna, continúan trabajando en ella.
Preocupación por la expansión de las universidades privadas
CREUP expresa también su inquietud por la decisión del Tribunal Supremo de anular el real decreto que endurecía los requisitos para crear nuevas universidades. Suárez González considera que siguen siendo necesarias mayores garantías para preservar la calidad del sistema universitario y sostiene que el Gobierno debería recuperar la iniciativa normativa. Reconoce las dificultades derivadas del calendario electoral, pero insiste en que se trata de una cuestión que requiere una respuesta urgente.
El portavoz considera que los problemas de la universidad pública se han acumulado durante años sin recibir una atención suficiente. Compara esta situación con la crisis de la vivienda: asuntos que se han pospuesto reiteradamente hasta alcanzar un punto en el que las soluciones resultan inaplazables. A su juicio, la urgencia actual es consecuencia de no haber adoptado las medidas necesarias con anterioridad.
Canarias, lejos del objetivo de financiación
Suárez González recuerda que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece como referencia una financiación pública equivalente al 1 % del PIB y denuncia que prácticamente ninguna comunidad autónoma alcanza ese objetivo. En el caso de Canarias, estima, con reservas sobre la cifra exacta, que la aportación se situará este año alrededor del 0,6 % del PIB.
El representante de CREUP advierte de que la demanda de estudios superiores continúa creciendo mientras las universidades afrontan instalaciones deterioradas y dificultades para actualizar sus titulaciones. «La salud de la universidad pública actualmente es mala», sostiene. Pese a ello, subraya que las instituciones siguen funcionando gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria y reivindica una mejora sostenida de sus recursos para garantizar su futuro.