La presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas denuncia que no se ha contado con los profesionales del trabajo social en su redacción ni en su implantación.
El nuevo Decreto 46/2025 aprobado por el Gobierno de Canarias, con el objetivo declarado de agilizar los trámites en materia de dependencia, ha generado un profundo malestar entre los profesionales del trabajo social. La presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las Palmas, Lola Fabelo, denuncia que la norma se ha elaborado sin la participación del colectivo, a pesar de haber solicitado su inclusión desde las primeras fases. «No se nos ha escuchado ni en la redacción ni en la implantación», afirma.
Según Fabelo, el nuevo marco normativo se enfoca en mejorar los indicadores administrativos —como el número de solicitudes tramitadas— sin abordar los problemas estructurales de fondo. «El decreto no aporta más servicios, no refuerza las plantillas y traslada la responsabilidad al ciudadano, que debe enfrentarse solo a formularios complejos y a una burocracia inabarcable», lamenta.
El fin del informe social y el colapso en los servicios
Una de las principales críticas al decreto es la eliminación del informe social como documento obligatorio para la valoración inicial. Para Fabelo, esta medida es equivalente a suprimir los informes técnicos de un arquitecto para conceder una licencia de obras: «El informe social es la única garantía de que se analiza la realidad del entorno, de las necesidades reales de la persona y su contexto».
La consecuencia directa, explica, es una mayor carga sobre los servicios sociales de base, ya de por sí desbordados, y una creciente desigualdad en el acceso. «Estamos convencidas de que esta norma ya está generando exclusión, porque muchas personas no tienen ni los conocimientos ni los medios para completar una solicitud de siete páginas con información social, económica y sanitaria de toda la unidad familiar», asegura.
Más trámites, menos garantías
Otro de los aspectos polémicos es que, según el nuevo decreto, si la administración no responde a una solicitud en un plazo de seis meses, esta se entenderá desestimada. Para el Colegio de Trabajadores Sociales, esto vulnera el principio de protección de derechos y desplaza al ciudadano a una vía judicial que no siempre está en condiciones de asumir.
«Se responsabiliza al usuario de activar y defender su expediente, incluso después de obtener el reconocimiento del grado de dependencia», subraya Fabelo. Además, advierte que no se especifica qué tipo de profesional debe realizar el nuevo “informe del entorno” ni qué formación ha de tener, lo que abre la puerta a interpretaciones erróneas y decisiones basadas en valoraciones técnicas poco rigurosas.
Un sistema en retroceso
A pesar de las promesas de reducción de plazos, desde el Colegio estiman que las demoras siguen superando los ocho meses de media y temen que se sigan ocultando ineficiencias detrás de mejoras meramente administrativas. «El sistema sigue fallando y el dato más alarmante es el de las casi 3.000 personas que murieron en lista de espera», denuncia Fabelo.
En este sentido, considera que la reforma pone las bases para una futura privatización del sistema: «Nos tememos que esto solo sirve para justificar que la dependencia sea transferida a entidades privadas con fines de lucro», señala. En su opinión, el enfoque ha sido político y no técnico. «La dependencia se ha usado como arma entre legislaturas y nunca ha habido una voluntad real de resolver sus déficits históricos», añade.
Reivindicación y próximos pasos
El Colegio de Las Palmas presentó alegaciones al borrador del decreto que no fueron tenidas en cuenta. Votaron en contra en el Consejo General del Trabajo Social y ahora valoran nuevas acciones, tanto en el ámbito jurídico como con posibles movilizaciones. «Seguiremos insistiendo en que se nos escuche», afirma Fabelo.
Para mejorar el sistema, propone una receta clara: inversión en personal cualificado, creación de servicios accesibles y un diseño normativo centrado en la persona y no en los indicadores estadísticos. «La dependencia no puede seguir tratándose como un trámite más, sino como una política pública esencial que garantice derechos», concluye.