CCOO denuncia falta de medidas contra el acoso, hacinamiento en módulos de mujeres y un 90% de vacantes médicas en cárceles canarias, con un profesional para unos mil internos.
La delegada de Comisiones Obreras y miembro de la Ejecutiva Nacional de Prisiones, Laura Rodríguez, alerta de que los centros penitenciarios de Canarias afrontan «problemas estructurales graves» que afectan tanto a los trabajadores como a los internos, con especial preocupación por la falta de protocolos eficaces frente a las agresiones sexuales a funcionarias.
Rodríguez explica que estas situaciones ni siquiera aparecen reflejadas en las estadísticas oficiales: «Se está produciendo un incremento notable de agresiones sexuales a trabajadoras penitenciarias y la Administración se quita del medio», afirma.
La sindicalista detalla que solo se contabilizan como agresiones aquellas que dejan lesión física. Conductas como tocamientos o roces no se registran. «No aparecen en ningún sitio», insiste.
Desde CCOO elaboran una guía de apoyo para las afectadas y reclaman que estas agresiones se consideren riesgo laboral, se integren en la prevención de riesgos y se reconozcan como accidente de trabajo o acto de servicio.
Un protocolo «insuficiente»
Rodríguez sostiene que el protocolo vigente frente a agresiones —conocido como PEAFA— no protege realmente a la plantilla: «No está vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con lo cual estamos indefensos», dice.
Recuerda que psicólogas, trabajadoras sociales o funcionarias mantienen entrevistas a solas con internos, lo que incrementa la vulnerabilidad. «Hay compañeras que están solas en despachos con internos y no hay medidas específicas de protección», añade.
Hacinamiento en el módulo de mujeres
Otro de los focos de denuncia se sitúa en la prisión de Tenerife, donde, según CCOO, el módulo femenino presenta condiciones inadecuadas.
Rodríguez explica que las internas son trasladadas a un submódulo dentro de una unidad terapéutica mixta que no reúne los requisitos mínimos. Un juzgado de vigilancia penitenciaria llega a advertir de posibles situaciones de trato «inhumano o degradante»: «Es una solución que nos dijeron que era transitoria, pero las mujeres llevan más de dos años así», señala.
Actualmente hay 58 internas, de las que 40 comparten ese espacio reducido y 13 deben permanecer en enfermería por falta de sitio. «Es un caldo de cultivo de conflictos que afecta a ellas y al personal», afirma.
Sanidad penitenciaria al límite
La falta de atención médica es, a juicio de la representante sindical, el déficit más grave del sistema: «Hay un 90% de plazas vacantes de médicos en Canarias; estamos con un médico para una media de mil internos», denuncia.
Rodríguez advierte de que la escasez de facultativos provoca retrasos en la asistencia básica, aumenta la tensión dentro de los centros y deriva en más incidentes. Además, señala que no hay psiquiatras pese al incremento de internos con patologías mentales. «No se está tratando adecuadamente», afirma.
También critica que se estén asignando nuevas funciones a enfermería sin cobertura legal suficiente, lo que deja al personal «desprotegido jurídicamente».
Falta de personal generalizada
El sindicato cifra el déficit de plantilla en torno al 30% en vigilancia interior y servicios sociales. En centros como Las Palmas II, la prisión ya arranca con un 33% menos de efectivos desde su apertura.
«Cada vez hay más población reclusa y menos personal para atenderla», resume Rodríguez, que alerta de la sobrecarga laboral y el deterioro de la seguridad.
Llamamiento a la Administración
CCOO reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que negocie medidas urgentes: protocolos reales contra agresiones, mejora de infraestructuras, refuerzo sanitario y ampliación de plantillas: «Las personas privadas de libertad tienen que cumplir condena en condiciones dignas y los trabajadores tienen derecho a seguridad y protección», concluye.