El representante de FAPA Galdós en el Consejo Escolar de Canarias, Sergio de la Fe Melián, critica que la norma refuerce la autoridad del profesorado sin incorporar medidas efectivas para mejorar la convivencia ni garantizar suficientemente los derechos del alumnado.
La Federación de AMPAS de Gran Canaria (FAPA Galdós) cuestiona la nueva Ley de Autoridad del Profesorado aprobada por el Parlamento de Canarias al considerar que reproduce disposiciones ya existentes sin aportar soluciones a los problemas de convivencia escolar. Sergio de la Fe Melián, vocal de la federación y representante de las familias de la escuela pública en el Consejo Escolar de Canarias, sostiene en El Espejo Canario que la norma «nace sin consenso, sin novedades» y sin los recursos necesarios para mejorar las condiciones en las que trabajan los docentes.
De la Fe critica especialmente el procedimiento utilizado para tramitar la ley mediante una proposición legislativa, que inicialmente evitaba la emisión del informe preceptivo del Consejo Escolar de Canarias. Explica que la movilización de las organizaciones de familias permitió que el texto finalmente fuera examinado por este órgano y debatido en la Comisión de Educación del Parlamento, aunque considera que sus aportaciones no se tuvieron en cuenta. «Fuimos oídos pero no fuimos escuchados», afirma.
Una autoridad ya reconocida y garantías insuficientes
El representante de las familias recuerda que el profesorado ya tenía reconocida legalmente su condición de autoridad y la presunción de veracidad en determinadas actuaciones. Considera que la nueva ley insiste en estos reconocimientos sin prestar suficiente atención a las garantías del alumnado frente a posibles abusos de autoridad. Defiende la protección de los docentes ante agresiones y amenazas, pero reclama que también existan mecanismos eficaces para denunciar actuaciones inadecuadas y asegurar que las reclamaciones de las familias sean atendidas sin temor a represalias.
De la Fe cuestiona asimismo que la norma presente a las familias y al alumnado como potenciales agresores, una interpretación que considera perjudicial para las relaciones dentro de la comunidad educativa. Insiste en que las asociaciones de madres y padres defienden el respeto al profesorado y su reconocimiento profesional, pero rechazan que la protección de los docentes se plantee como una confrontación con los derechos de los estudiantes.
Un nuevo decreto de convivencia con recursos reales
FAPA Galdós considera que las soluciones deberían incorporarse al nuevo decreto de convivencia, mediante medidas concretas y recursos suficientes. Entre sus propuestas figura establecer como obligatorias las comisiones de convivencia en los consejos escolares y crear aulas específicas para atender conflictos, evitando prácticas como expulsar al alumnado al pasillo o imponer castigos colectivos. De la Fe asegura que las aportaciones presentadas por las familias al borrador del decreto no han sido aceptadas.
También reclama una atención diferenciada para el alumnado cuyo comportamiento disruptivo esté relacionado con necesidades educativas específicas y considera imprescindible reforzar los recursos humanos, materiales y profesionales de los centros. Advierte de que el reconocimiento de la autoridad docente resulta insuficiente si no va acompañado de condiciones que permitan ejercer adecuadamente la enseñanza.
El representante de FAPA Galdós asegura que las familias continuarán trabajando para mejorar la normativa y defender sus derechos de participación. Anima a madres y padres a implicarse en las AMPAS y los consejos escolares y a mantener una actitud de respeto hacia los docentes, sin renunciar a exigir garantías y una educación pública de calidad.