La normativa comunitaria refuerza desde este mes la protección de la salud pública al exigir a los Estados miembros un seguimiento sistemático de determinadas sustancias químicas muy persistentes, con nuevos umbrales, obligaciones de información y medidas correctoras cuando se detecten riesgos para la calidad del agua de consumo humano.
La Unión Europea ha puesto en marcha un nuevo marco para reforzar la protección de la salud pública frente a ciertos contaminantes persistentes en el agua destinada al consumo humano, tras la entrada en vigor de unas normas que, por primera vez, establecen un seguimiento obligatorio de estos compuestos a escala comunitaria.
Desde el 12 de enero de 2026, los países miembros están obligados a controlar de forma armonizada los niveles de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, en el agua potable, conforme a lo previsto en la versión consolidada de la directiva europea sobre este recurso básico. Estos compuestos, utilizados en multitud de productos industriales y de consumo, se caracterizan por su gran persistencia ambiental y su presencia ubicua.
La nueva regulación exige a los Estados que midan periódicamente la presencia de PFAS, informen de los resultados a la Comisión Europea y tomen medidas cuando se excedan los umbrales permitidos. Entre las acciones contempladas se incluyen la clausura temporal de fuentes de captación contaminadas, la adopción de tratamientos específicos para reducir los niveles detectados o la restricción del uso de determinadas tomas mientras persista la anomalía.
Este control sistemático responde a la creciente preocupación por los posibles efectos de estas sustancias en la salud humana, ya que la exposición prolongada se ha vinculado a diversos problemas sanitarios. Con el nuevo sistema, Bruselas pretende incrementar la capacidad de detección y respuesta de los países miembros, al tiempo que simplifica el flujo de información frente a lo que exigía la normativa anterior.
La aprobación de este esquema forma parte de un paquete de iniciativas comunitarias orientadas a garantizar la calidad del agua y la resiliencia de los sistemas hídricos frente a amenazas químicas y ambientales, en línea con los objetivos más amplios de la estrategia de la UE en materia de recursos hídricos.