Para Juan Cuatrecasas, portavoz de Justice Initiative España y de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), el anuncio de un posible acuerdo entre el Gobierno de España y la Iglesia católica es «positivo y oportuno», pero «llega tarde».
El anuncio de un posible acuerdo entre el Gobierno de España y la Iglesia católica para reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesiástico abre una nueva etapa en una lucha marcada durante décadas por el silencio, la negación y la falta de reconocimiento institucional. Para Juan Cuatrecasas, portavoz de Justice Initiative España y de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), el paso es «positivo y oportuno», aunque llega tarde y solo será efectivo si se traduce en hechos concretos y medidas estructurales.
Cuatrecasas considera que el entendimiento inicial entre el Ejecutivo y la Iglesia supone un reconocimiento largamente esperado por miles de personas cuyos casos han prescrito judicialmente, pero no moral ni socialmente: «Esperamos que las víctimas cuyos casos han prescrito puedan por fin ver esa luz que llevaban años buscando: reconocimiento y reparación».
Un avance tardío, pero necesario
El portavoz de Justice Initiative España asume que todas las medidas en este ámbito llegan tarde, pero defiende que ello no les resta valor si permiten aliviar, aunque sea parcialmente, el daño sufrido por las víctimas: «Hay personas de más de 70 años que han cargado toda su vida con abusos sexuales sufridos en la infancia. Que esto llegue ahora es tarde, pero sigue siendo necesario».
Cuatrecasas advierte, además, de que no se trata de un problema del pasado. A su juicio, los abusos sexuales a menores siguen produciéndose en España, tanto en centros religiosos como no religiosos, lo que obliga a abordar el fenómeno desde una perspectiva integral: «Hablar solo de casos prescritos da la falsa impresión de que esto ya no ocurre, y por desgracia no es así».
Prevención y garantías reales
Desde las asociaciones de víctimas se insiste en que cualquier acuerdo debe ir más allá de la indemnización económica e incorporar garantías firmes para evitar la repetición de estos delitos: «Las medidas de prevención tienen que ser serias y contundentes, no discursos vacíos».
En este sentido, Cuatrecasas subraya la necesidad de formar específicamente a jueces, fiscales y profesionales que intervienen en estos casos, así como de avanzar en la creación de juzgados especializados en infancia.
Las cifras y la disputa del relato
El presidente de ANIR rechaza frontalmente las cifras minimizadoras que algunos representantes de la Iglesia han difundido en los últimos años, y respalda las estimaciones del informe del Defensor del Pueblo, que apunta a cientos de miles de posibles víctimas en España: «Hablar de un 0,2 % es una manipulación. Es jugar al trilerismo con el dolor de las víctimas».
Para Cuatrecasas, incluso una sola víctima justificaría la adopción de medidas contundentes, aunque recalca que la magnitud real del problema dista mucho de ser residual.
Más allá del dinero
Las asociaciones han presentado al Ministerio de Justicia y a la Iglesia un decálogo de propuestas, así como un Estatuto de la Víctima de Pederastia Eclesiástica. Entre las medidas prioritarias destacan el acceso a terapias gratuitas en el sistema público de salud, la protección frente a la exclusión social y laboral y la actuación de oficio de la Fiscalía ante amenazas o campañas de descrédito contra las víctimas: «Las indemnizaciones no son una limosna. Son derechos que hay que arrancar si es necesario».
Cuatrecasas denuncia que, incluso con sentencias firmes, algunas víctimas siguen siendo acosadas y desacreditadas públicamente, una situación que califica de “terrorismo social”.
Desconfianza hacia la Iglesia española
Aunque valora la colaboración con el Gobierno y con el Defensor del Pueblo, el portavoz de Justice Initiative España se muestra muy crítico con la actitud de la Conferencia Episcopal Española, a la que acusa de falta de seriedad y de voluntad real de reparación: «Nos dijeron que sí a todo, pero no hicieron nada de lo que pedimos».
Ante esta situación, las asociaciones han optado por cambiar de interlocutor y mantener contacto directo con la Comisión Pontificia Vaticana para la Protección del Menor, donde aseguran haber encontrado mayor empatía y voluntad de trabajo.
La prescripción, un debate abierto
Cuatrecasas considera positiva la iniciativa para que los delitos de pederastia no prescriban, impulsada desde distintos parlamentos, aunque insiste en que no debe desviar la atención de las víctimas actuales: «Lo más importante es dotar de recursos y ayudas a las víctimas que ya existen».
«Hablar sana»
A quienes aún no se atreven a denunciar, el presidente de ANIR lanza un mensaje claro de acompañamiento y apoyo: «Denunciar y hablar sana. Guardarlo dentro es una bomba de relojería».
Cuatrecasas recuerda que las víctimas «no hablan cuando quieren, sino cuando pueden», y subraya que tanto las asociaciones como las instituciones públicas deben estar preparadas para acogerlas cuando decidan dar el paso.
La posible reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia abre así un proceso complejo, cargado de expectativas y desconfianzas, en el que las asociaciones advierten: solo los hechos, y no las palabras, permitirán cerrar una herida histórica que sigue abierta.